Por Editorial Diario El Comercio
Pese a los esfuerzos personales que hace el director del Servicio de Rentas Internas (SRI) para despejar las dudas y los temores que suscita la obligatoriedad de hacer la declaración patrimonial para quienes poseen bienes sobre los USD 200 mil dólares, un considerable número de ciudadanos se mantiene en incertidumbre acerca de los verdaderos propósitos gubernamentales.El funcionario ha reiterado que el único objetivo de la declaración patrimonial es que el SRI cuente con una base de información que sirva para cruzar datos y evitar el enriquecimiento ilícito o la evasión del pago de impuestos. Sin embargo, prestigiosos abogados y analistas argumentan que se trata de una exigencia contra la voluntad de los ciudadanos y que, por tanto, es una violación a las leyes y un irrespeto a los derechos humanos.
El debate prosigue y aún queda mucho por exponer y discutir, sin embargo, la intensa polémica que suscita el tema evidencia que el Gobierno y el SRI no encuentran una manera de despejar las sombras y las suspicacias que despertó la idea desde que fue formulada.
La actitud confrontativa y el tono revanchista del discurso oficial es uno de los obstáculos para que los contribuyentes acaten la exigencia gubernamental como un proceso de sinceramiento de los ciudadanos frente al Estado. A eso se suma la falta de una adecuada política informativa sobre los fines de la declaración, aunque esto resulte paradójico por la reputación que ha ganado el régimen en su capacidad de comunicar sus lemas, retóricas y proclamas.
Una principal obligación ética de los mandatarios es ser transparentes en sus objetivos.
Si no hay nada que temer con la declaración patrimonial, el deber de quienes gobiernan es despejar todas las inquietudes ciudadanas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario