Por Felipe Burbano de Lara
El conflicto entre el Gobierno y el movimiento indígena por la Ley de Aguas muestra la poca consistencia de la revolución ciudadana frente a sus postulados de transformación democrática. La radicalización de los indígenas ha provocado una suerte de corto circuito ideológico en la conducta del Ejecutivo y de la Asamblea, el que los conduce a un laberinto político. ¿Cree el Gobierno en la participación como un mecanismo democratizador? ¿Cree en el Estado plurinacional proclamado con bombos y platillos en el proceso constituyente? ¿Cree en los derechos colectivos?
El texto constitucional entró en tensión con la lógica del poder que mueve al presidente Correa y a la pequeña élite política que lo acompaña en el Gobierno. La radicalización de las luchas indígenas, que son un producto del mismo discurso transformador que inspiró el proceso constituyente, se opone a la racionalidad de una élite política de clase media convencida de su propia ilustración, su genialidad y de representar ella misma a la mayoría de la nación. De esa nación, por lo pronto, se encuentran ya excluidos los indígenas, a quienes el presidente de la República niega legitimidad política por ser una simple minoría. Esa crítica revela que la concepción de una democracia mayoritaria, con la que se maneja el Gobierno, resulta incompatible con el Estado plurinacional. De revolucionarios, han pasado a ser una élite reaccionaria que no escatima ningún argumento, ni siquiera los más bajos e innobles, para cuestionar a quienes se oponen a su visión del Estado. El sábado último, el presidente invitó a las comunidades indígenas a rechazar la presencia de sus dirigentes, contra quienes lanzó malévolas acusaciones (trogloditas, mentirosos, corruptos). Correa insita a la división y a la violencia entre los indígenas para defender su poder.
Ese mismo poder no sabe hoy cómo fiscalizar ni cómo legislar. Cerró filas en contra de quienes vieron en el fiscal Pesántez una figura incompatible con los principios éticos de la revolución ciudadana. Ahora, cierra filas en contra de un movimiento que le pone frente al espejo de sus inconsistencias. Fernando Cordero se acordó de la disposición constitucional que obliga a consultar a pueblos y nacionalidades sobre temas que afecten sus intereses, solo cuando las movilizaciones llevaron a la Ley de Agua a un bloqueo. ¿Por qué no planteó la misma opción desde el inicio? La respuesta es fácil: porque creían que aún podían disponer del país como a ellos más les conviene. Pero el panorama se enreda en la falta de convicción frente a la retórica ciudadana y sus promesas refundadoras. En su intención por desmovilizar a los indígenas, de dividirlos, han entregado a comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montuvios un instrumento poderoso para bloquear procesos legislativos en el futuro. Han terminado enredados en sus propias confusiones ideológicas, en sus experimentaciones constitucionales y en su ambigua proclama como revolucionarios.
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