Por: Marco Lara Guzmán
No sé a cuántas personas les ha sucedido lo mismo. La verdad es que, en las últimas semanas, han decrecido, tal vez hasta cero, los envíos de correos electrónicos con temas políticos. No es que yo haya recibido muchos, pero nunca faltaban uno o dos diarios, con alusiones a la actual circunstancia nacional. Los más contenían chistes, o cachos que llamamos en Quito, centrados generalmente en personajes de diversa estatura del Gobierno ecuatoriano y también, por ejemplo, en la persona del comandante Hugo Chávez. Otros eran transcripciones de artículos editoriales y noticias de periódicos nacionales y extranjeros. Así, se sucedían los envíos y reenvíos políticos, a los que se añadían bondadosos mensajes de corte piadoso; recetas para curar los juanetes y sobre las ventajas de tomar ocho vasos diarios de agua; advertencias para evitar asaltos y cómo ganar la lotería.
La desaparición de los mensajes de carácter político, yo diría que, más bien, eran lo que las gentes comentan en calles y plazas, fue notoria y tanto que se hizo materia de averiguación. Uno de los habituales remitentes, profesor universitario y, por ende, preocupado por el decurso de la vida ecuatoriana, me hizo una confidencia espeluznante, casi a boca chiquita. Me dijo: "Están persiguiendo a quienes envían correos que no gustan al Gobierno, y debo cuidarme y cuidar a mi familia; por lo cual, he dejado de enviar los mensajes que puedan molestar a los augustos personajes".
Algo más, aseveró que el control que se hacía era con maquinaria y equipos sofisticados, llegados apenas en los recientes enero o febrero.
Como la materia informática no es ni remotamente mi fuerte, me quedó la duda justificada acerca de la existencia de la posibilidad técnica para que alguien pueda interceptar los mensajes electrónicos para su supresión o, al menos, para identificar a los malvados remitentes y a los receptores.
Como en el campo jurídico conozco algo más, determiné que esas intercepciones, si las hay, constituirían una evidentísima e irrefutable invasión de la privacidad de las personas y, lo que es más, de su libertad, digámoslo fácilmente, para conversar con quien quiera y de lo que quiera.
La privacidad y las libertades de expresión y de comunicación están, por supuesto, consagradas en ese inefable documento que es la Constitución de Montecristi, de actual vigencia, aunque, desde luego, hay quienes sostienen que la misma rige unas veces sí y otras no. El artículo 66, por ejemplo, dice en su numeral 6 que tenemos derecho a opinar y a expresar libremente nuestros pensamientos usando cualquier forma. El 16 sostiene que todas las personas, en forma individual o colectiva, tenemos derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma.
Si todo no es más que un rumor, digno de ingresar al catálogo de leyendas urbanas, resultaría que está dando sus frutos y que alguien se está frotando las manos, siempre y cuando deje reposar el recalentado mouse…
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