Hernán Pérez Loose
Lo más probable es que el señor Solórzano, el que ha denunciado las coimas peseteras a varios funcionarios del Gobierno y a un alto magistrado constitucional –quien en la práctica forma parte del Gobierno– para mantener a flote el negocio de casinos y tragamonedas, es que termine perseguido por el aparato judicial que tan servilmente está hoy a órdenes del régimen.
Después de todo no es el primer caso. Ya hay una lista de ciudadanos –periodistas, ex oficiales de la fuerza pública, políticos de oposición, etcétera– que son perseguidos judicialmente por el Estado ecuatoriano por el simple hecho de denunciar o criticar tal o cual política gubernamental. Los delitos que más se invocan para “legalizar” esta persecución son “traición a la patria”, “atentar a la seguridad del Estado” y el de “injurias”. Cuál delito se le imputará al señor Solórzano, es aún temprano para predecirlo pero para eso está el frondoso menú del Código Penal.
A los denunciantes que no llegan a ser perseguidos judicialmente se les tiene reservado –como en el Infierno de Dante– un círculo aparte. Ellos pagan su osadía siendo objeto de insultos, burlas e injurias por parte del educado en Lovaina. Muchas veces en una demostración de vergonzosa cobardía el insultador Jefe de Estado no menciona con nombre y apellido al insultado denunciante, como para evitarse el riesgo de una demanda judicial, pero da suficientes señas del ofendido para que todos sepan de quién se trata.
Esta estrategia de perseguir judicialmente o de insultar al que fastidie con denuncias ha sido posible gracias a la complicidad de la Asamblea Legislativa que con el pretexto de que antes la fiscalización servía para enriquecer a los fiscalizadores, hoy no fiscaliza para así facilitar que otros se enriquezcan. Su primer acto de encubrimiento se dio cuando la Asamblea aprobó su propia ley, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Como nunca en la historia del parlamentarismo, un órgano de representación popular se autoamordazó para impedirse él mismo hacer lo que vienen haciendo las instituciones parlamentarias del mundo desde los tiempos de la Carta Magna.
Sin embargo, lo que está en juego en la red de protección mafiosa de los tragamonedas son pesetas comparado con el obsequio al coronel Chávez del campo Sacha para que –sin licitación– lo explote conjuntamente con Petroecuador. Sacha es uno de los más grandes tragamonedas que se han instalado en el Casino Royal en que se ha convertido el Ecuador; y en el que, como sucede con todos los casinos, a este también le entra bastante dinero pero sus socios propietarios son los únicos ganadores.
Se nos dijo que esta era una revolución de mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes. Lo primero está en entredicho desde que dijo que su misión era convertir al Ecuador en otra Cuba. Lo segundo ya lo aclaró en una cadena que son las de él nomás. Y lo último, bueno eso ya es evidente que el ardor no ha estado en los corazones sino en los bolsillos.
Después de todo no es el primer caso. Ya hay una lista de ciudadanos –periodistas, ex oficiales de la fuerza pública, políticos de oposición, etcétera– que son perseguidos judicialmente por el Estado ecuatoriano por el simple hecho de denunciar o criticar tal o cual política gubernamental. Los delitos que más se invocan para “legalizar” esta persecución son “traición a la patria”, “atentar a la seguridad del Estado” y el de “injurias”. Cuál delito se le imputará al señor Solórzano, es aún temprano para predecirlo pero para eso está el frondoso menú del Código Penal.
A los denunciantes que no llegan a ser perseguidos judicialmente se les tiene reservado –como en el Infierno de Dante– un círculo aparte. Ellos pagan su osadía siendo objeto de insultos, burlas e injurias por parte del educado en Lovaina. Muchas veces en una demostración de vergonzosa cobardía el insultador Jefe de Estado no menciona con nombre y apellido al insultado denunciante, como para evitarse el riesgo de una demanda judicial, pero da suficientes señas del ofendido para que todos sepan de quién se trata.
Esta estrategia de perseguir judicialmente o de insultar al que fastidie con denuncias ha sido posible gracias a la complicidad de la Asamblea Legislativa que con el pretexto de que antes la fiscalización servía para enriquecer a los fiscalizadores, hoy no fiscaliza para así facilitar que otros se enriquezcan. Su primer acto de encubrimiento se dio cuando la Asamblea aprobó su propia ley, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Como nunca en la historia del parlamentarismo, un órgano de representación popular se autoamordazó para impedirse él mismo hacer lo que vienen haciendo las instituciones parlamentarias del mundo desde los tiempos de la Carta Magna.
Sin embargo, lo que está en juego en la red de protección mafiosa de los tragamonedas son pesetas comparado con el obsequio al coronel Chávez del campo Sacha para que –sin licitación– lo explote conjuntamente con Petroecuador. Sacha es uno de los más grandes tragamonedas que se han instalado en el Casino Royal en que se ha convertido el Ecuador; y en el que, como sucede con todos los casinos, a este también le entra bastante dinero pero sus socios propietarios son los únicos ganadores.
Se nos dijo que esta era una revolución de mentes lúcidas, manos limpias y corazones ardientes. Lo primero está en entredicho desde que dijo que su misión era convertir al Ecuador en otra Cuba. Lo segundo ya lo aclaró en una cadena que son las de él nomás. Y lo último, bueno eso ya es evidente que el ardor no ha estado en los corazones sino en los bolsillos.
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