Por César Coronel Garcés
Se acentúan las graves amenazas a la libertad de expresión, las circunstancias me obligan a volver a escribir esta semana al respecto. Esta vez hablaré de dos temas puntuales: las advertencias que el sábado le hizo el presidente a Teleamazonas y el arresto de los militares que fueron sancionados por reclamar sus salarios.
Sobre Teleamazonas hay mucho que decir. Al parecer -como dice la popular frase- Correa "se la tiene jurada" al canal quiteño.Primero fue el misterioso centro de conteo de votos en Guayaquil, noticia que fue cubierta en vivo por un reportero de ese canal, el Gobierno quería tenerlo oculto y -como es costumbre de los socialistas del siglo XXI- se dedicó a atacar a la "prensa corrupta" sin debatir con argumentos este descubrimiento, dejando muchas preguntas en el aire sobre el último proceso electoral, que ha sido el más lento y de dudosa legitimidad desde que tengo memoria.
Ahora resulta que ese medio de comunicación, que el propio Presidente ha llamado corrupto y ha dicho que nadie le cree, es acusado de provocación y de incentivar a la rebelión de los comuneros de Puná, ¿cómo se supone que los puneños hacen caso a la prensa sin credibilidad?, pero en todo caso, Correa dice que va a enjuiciar a todo quien desinforme o que emita una noticia no confirmada.
Considerando lo antes mencionado, el comandante de la revolución del miedo deberá ser el primer sancionado porque todos los sábados se dedica a desinformar, atacar, insultar, hacer acusaciones sin fundamentos y quiere confundirnos con cuentos y ofrecimientos imposibles que ya nadie le cree.
Acaso, ¿alguien enjuició al presidente cuando nos mintió diciendo que el ferrocarril estaba terminado?, ¿qué dijeron cuando acusó de delincuentes a estudiantes que protestaron?, ¿quién lo calla cuando irresponsablemente dice lo que se le antoja los sábados en sus cadenas?, ¿quién reclama? Quizás estas preguntas vayan al archivo de los misterios de esta revolución de cuentos, insultos y amenazas. Partiendo de la amenaza presidencial, entonces, todos quienes hemos sido víctimas de su lengua estaremos facultados de mandarlo a la cárcel, ¡la ley es para todos!.
Respecto a los militares, hablaré del caso de los casi 200 soldados de un cuartel de la frontera norte a quienes en estos días se les ordenó su arresto disciplinario de seis días por estar en desacuerdo con el descuento de ya casi $70 de su sueldo, sin que nadie de cuenta de ese dinero y a pesar de las grandes asignaciones financieras que hace el Estado a los miembros de la fuerza pública.
No puede ser posible que en un país donde se supone que el Gobierno protege a los trabajadores y que todos somos libres, un grupo de personas son sancionadas por estar en desacuerdo con un descuento salarial que atenta contra sus más elementales derechos humanos y laborales.
No dejaré de decirlo, amigos de los medios de comunicación, militares, civiles, jóvenes y ancianos, no olvidemos que hay un Ecuador que no calla y nuestros corazones seguirán gritando libertad, sin odio, sin miedo y sin violencia.
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