Análisis de Diario HOYLa salida continua de divisas por parte de ciertos bancos privados está poniendo en riesgo a la dolarización. Por ello, este capital debe retornar al país. Ese fue el argumento textual utilizado por el ministro Coordinador de la Política Económica, Diego Borja, para reclamar a los bancos privados, que manejan dinero de los depositantes, el regreso al país de $1 200 millones que supuestamente estarían financiando el desarrollo de los EEUU.
El ministro advirtió que las instituciones financieras tienen hasta el 30 de junio para repatriar un 40% de su capital; hasta el 31 de julio, un 42%, y hasta 31 de agosto el 45%.
Esta historia comienza el 25 de marzo pasado, cuando el Directorio del Banco Central aprobó regular las reservas mínimas de liquidez de la banca privada, que pidió inmediatamente su derogatoria, porque exigía exageradas reservas para garantizar depósitos de corto plazo y bajaba la liquidez en caja para eventuales retiros, por diversas circunstancias.
La respuesta del Gobierno fue el diálogo y así comenzaron una serie de reuniones entre representantes de la banca privada y autoridades del Banco Central, encabezadas por el presidente de su Directorio, Carlos Vallejo.
Los acuerdos logrados en esas reuniones parecían satisfactorios para ambas partes, pero el 29 de mayo, el Banco Central volvió a sorprender a los banqueros al imponerles una nueva regulación: les obliga a regresar el 45% de todos los activos, es decir, reservas e inversiones, que la banca privada tenga en el exterior y que corresponden a recursos de los depositantes.
El ministro ha dicho que la medida busca reforzar la dolarización y canalizar esos recursos al desarrollo productivo del país. En otras palabras, el Gobierno recurre al dinero privado de los ecuatorianos, además de sus impuestos, para buscar el desarrollo del Ecuador.
Las reservas que tiene la banca privada en el exterior sirven para garantizar la devolución de sus depósitos, además de respaldar las operaciones de comercio exterior.
El Gobierno parece esbozar su política económica con la clara convicción de que el principal fin de la banca es empujar el desarrollo del país, cuando su compromiso real es con sus depositantes; su obligación es tener siempre a la mano recursos para devolverle a sus clientes.
El fortalecimiento de la dolarización no pasa por tener un fondo ni por obligar a la banca a prestar a determinados sectores, como proponía la ley de León Febres Cordero en 2004. Eso se logra con un ambiente de negocios seguro, que atrae inversiones. Si se quiere que el dinero de los depositantes sirva para comprar papeles de la CFN, por ejemplo, lo más lógico sería que se les consulte a ellos sí están de acuerdo
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