Manuel Ignacio Gómez Lecaro
Me hubiera gustado ver ese debate entre Hugo Chávez y Mario Vargas Llosa. Latinoamérica habría presenciado un intercambio de ideas entre quienes creen que el gobierno debe controlarlo todo y quienes creen en la libertad individual como motor de progreso.
Pero el problema con Chávez y sus amigos no es simplemente de ideas. El problema es que, a la hora de la hora, nuestros socialistas de este siglo no quieren ni permiten ese intercambio de ideas. Dicen que están abiertos a los debates y a las críticas. Pero en la práctica apagan toda posibilidad de debate. Aniquilan las críticas atacando a los medios de comunicación y la libertad de expresión.
Chávez rompe el clima de respeto y libertad necesario para el debate cuando amenaza y cierra canales de televisión. O cuando retiene en el aeropuerto a los Vargas Llosa, padre e hijo, para dejarles claro que su majestad de boina roja no está contento con su presencia. Vergonzosa actitud. Prueba que no es presidente de su país. Es su dueño que decide bajo qué condiciones pueden visitarlo.
Rafael Correa no se queda muy atrás. Rompe también esa libertad y respeto el momento que amenaza con demandar a los medios de comunicación que dicen algo que no le gusta o que le parece incorrecto.
En su momento, quienes han expresado de frente su rechazo al Presidente han sido invitados a pasar unos días tras las barras con la excusa de una retrógrada ley que reprime con cárcel a quien “con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente”. Linda ley para abusar del poder.
Ahora, manipulan una ley que cae perfecta para callar a los medios. Dice que “se prohíbe a las estaciones de radiodifusión y televisión transmitir noticias basadas en supuestos que puedan producir prejuicios o conmociones sociales o públicas”. Esos “supuestos”, obviamente, serían definidos por el Gobierno. Y lo que significa “prejuicio o conmoción social” también quedará a discreción del poder. Con lo poco que se lee en este país es casi imposible que una noticia en un diario cause conmoción social. Pero como en Carondelet parece que leen hasta los Clasificados, bastaría que ahí se produzca la conmoción para que le metan un juicio al periódico.
El problema entonces va más allá de las ideas de los gobiernos, si son de izquierda, derecha, o lo que venga. El problema es cuando se creen dueños de la opinión pública y dueños de sus países. Cuando no entienden lo que significa la libertad de expresión y hacen todo lo posible para callar las voces contrarias.
Correa y Chávez promueven ahora una instancia regional que “proteja a los gobiernos legítimos de los abusos de la prensa corrupta”. Pobrecitos. Ahora resulta que la protección no es para los ciudadanos contra los abusos del gobierno, como debería ser. Aquí es lo contrario. Son los gobiernos indefensos quienes buscan protegerse de lo que sus ciudadanos escriban en diarios o digan en los micrófonos.
No son suficientes las infinitas horas que pasan estos presidentes en la televisión lavándonos el cerebro. No son suficientes todos los medios de comunicación a su disposición. Quieren más.
No deben ser tan malos los medios de comunicación cuando tanto les gusta tenerlos. Y hablando de eso ¿cuándo venderá nuestro Gobierno finalmente los canales incautados?
Pero el problema con Chávez y sus amigos no es simplemente de ideas. El problema es que, a la hora de la hora, nuestros socialistas de este siglo no quieren ni permiten ese intercambio de ideas. Dicen que están abiertos a los debates y a las críticas. Pero en la práctica apagan toda posibilidad de debate. Aniquilan las críticas atacando a los medios de comunicación y la libertad de expresión.
Chávez rompe el clima de respeto y libertad necesario para el debate cuando amenaza y cierra canales de televisión. O cuando retiene en el aeropuerto a los Vargas Llosa, padre e hijo, para dejarles claro que su majestad de boina roja no está contento con su presencia. Vergonzosa actitud. Prueba que no es presidente de su país. Es su dueño que decide bajo qué condiciones pueden visitarlo.
Rafael Correa no se queda muy atrás. Rompe también esa libertad y respeto el momento que amenaza con demandar a los medios de comunicación que dicen algo que no le gusta o que le parece incorrecto.
En su momento, quienes han expresado de frente su rechazo al Presidente han sido invitados a pasar unos días tras las barras con la excusa de una retrógrada ley que reprime con cárcel a quien “con amenazas, amagos o injurias, ofendiere al Presidente”. Linda ley para abusar del poder.
Ahora, manipulan una ley que cae perfecta para callar a los medios. Dice que “se prohíbe a las estaciones de radiodifusión y televisión transmitir noticias basadas en supuestos que puedan producir prejuicios o conmociones sociales o públicas”. Esos “supuestos”, obviamente, serían definidos por el Gobierno. Y lo que significa “prejuicio o conmoción social” también quedará a discreción del poder. Con lo poco que se lee en este país es casi imposible que una noticia en un diario cause conmoción social. Pero como en Carondelet parece que leen hasta los Clasificados, bastaría que ahí se produzca la conmoción para que le metan un juicio al periódico.
El problema entonces va más allá de las ideas de los gobiernos, si son de izquierda, derecha, o lo que venga. El problema es cuando se creen dueños de la opinión pública y dueños de sus países. Cuando no entienden lo que significa la libertad de expresión y hacen todo lo posible para callar las voces contrarias.
Correa y Chávez promueven ahora una instancia regional que “proteja a los gobiernos legítimos de los abusos de la prensa corrupta”. Pobrecitos. Ahora resulta que la protección no es para los ciudadanos contra los abusos del gobierno, como debería ser. Aquí es lo contrario. Son los gobiernos indefensos quienes buscan protegerse de lo que sus ciudadanos escriban en diarios o digan en los micrófonos.
No son suficientes las infinitas horas que pasan estos presidentes en la televisión lavándonos el cerebro. No son suficientes todos los medios de comunicación a su disposición. Quieren más.
No deben ser tan malos los medios de comunicación cuando tanto les gusta tenerlos. Y hablando de eso ¿cuándo venderá nuestro Gobierno finalmente los canales incautados?
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