Por Editorial Diario El Comercio
En el contexto de la polémica entre el Gobierno y la Unión Nacional de Educadores (UNE), brazo sindical del Movimiento Popular Democrático, los profesores argumentan que su protesta contra las evaluaciones dispuestas por el régimen está respaldada por la Constitución, pues en ella se establece que todos los ciudadanos “podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público”.
En el contexto de la polémica entre el Gobierno y la Unión Nacional de Educadores (UNE), brazo sindical del Movimiento Popular Democrático, los profesores argumentan que su protesta contra las evaluaciones dispuestas por el régimen está respaldada por la Constitución, pues en ella se establece que todos los ciudadanos “podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público”.
Más allá de que un amplio sector de la opinión apoya la decisión gubernamental y rechaza la actitud de la UNE, la coyuntura es propicia para plantear algunas reflexiones en torno a la invocación de ese derecho.
Hace ocho años, la legitimidad de la “resistencia popular” fue uno de los argumentos más importantes de la defensa del coronel Lucio Gutiérrez cuando se lo mantuvo detenido en un cuartel militar luego de liderar la sublevación militar contra el gobierno de Jamil Mahuad; en cuanto llegó a la Presidencia, siguió haciendo esa invocación. Paradójicamente, las organizaciones sociales y los movimientos de izquierda manejaron el mismo concepto cuando en 2005 lo derrocaron.
En esa misma línea, cuando el oficialismo llegó al poder y logró mayoría en la Asamblea Constituyente que se desarrolló en Montecristi, impulsó la formalización de esa reivindicación social mediante el artículo 98 de la Carta Magna, que concede la posibilidad de invocarlo cuando se vulneren los derechos constitucionales o, también, cuando “los individuos o los colectivos” quieran demandar el reconocimiento de nuevos derechos.
Por eso resulta paradójico que, en el marco del conflicto con la UNE, se pretenda descalificar el ejercicio de ese riesgoso derecho según las conveniencias del Ejecutivo.
