Tres consecuencias significativas se infieren de la renuncia de José Toledo, el vicepresidente de Noticias de los canales de televisión incautados a los ex propietarios del Filanbanco y que se hallan ahora en manos del Estado, con más del 38% de la audiencia ecuatoriana. Primera, el afán de instrumentalizar la televisión estatal para fines políticos del partidos en el poder durante la campaña electoral. Segundo, un problema que se ha advertido desde hace tiempo, dadas las debilidades institucionales del país: la fragilidad de concretar una mínima independencia de medios de comunicación en manos del Estado. Y, al mismo tiempo, la necesidad de que esos medios sean vendidos para que con lo que se obtenga cumplan la función de la incautación: pagar a los depositantes perjudicados que aún no han recuperado sus recursos. Y tercero, prueba la forma desigual y poco equitativa en la que compiten las candidaturas en el proceso electoral cuya campaña empieza el 10 de marzo.
En la renuncia presentada al gerente de la AGD, Toledo deja en claro que, en cumplimiento de sus funciones profesionales, los tres canales han informado sobre todos los temas, "aunque algunos no sean favorables al propio Gobierno o a ciertos candidatos que tienen la idea equivocada de que estamos a su absoluta disposición". El periodista renunciante denuncia que candidatos del oficialismo quieren hacer de Gama, TC y CN3 "palestra exclusiva de sus actividades". Su retiro responde a la negativa a entrar en el juego de esa utilización partidista.
Los débiles marcos institucionales del país y la práctica de un Gobierno con intención de copar los diversos espacios del poder muestran, en este caso, las presiones a las que se sujeta a los medios en manos del Gobierno y la ilusoria independencia de estos. Tarde o temprano, el poder político de turno pasa su factura a la prensa estatal.
De otro lado, los canales incautados debieron, como otros bienes en manos de la AGD, salir a remate para cumplir la finalidad de la incautación pagar a los perjudicados por la quiebra bancaria. Finalmente, estas presiones solo son una mancha más al tigre del incumplimiento de la Constitución que manda al Estado garantizar de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral. La Constitución prohíbe a los sujetos políticos la contratación de publicidad en prensa, radio y televisión y vallas publicitarias. Y opta por el financiamiento estatal de la campaña publicitaria para concretar una participación equitativa. En la práctica se muestra la abismal desigualdad por el manejo publicitario del Gobierno. El presidente lleva dos años en campaña, con un despliegue de publicidad oficial sin control alguno.
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