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viernes, 18 de septiembre de 2009

Silencio

Pedro X.Valverde Rivera




El proyecto de Ley de Comunicación presentado por el Gobierno
pretende callar a las voces independientes que aún quedan en el Ecuador y, con ello,
su derecho a saber lo que sucede en el país.
Silencio, el Gobierno quiere que hagamos silencio.
¡Defienda su derecho a informarse y expresarse libremente!
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Columnistas-El Universo

SIP denuncia amenazas y represión a medios en América Latina

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre un "deterioro acelerado" en la relación entre los medios de comunicación independientes y los gobiernos latinoamericanos, al instalar este viernes en Caracas un foro sobre libertad de expresión en la región.
"Hay un problema a nivel hemisférico. En varios países del continente vemos la misma sintomatología, un común denominador, que es el deterioro muy acelerado de las relaciones gobierno y prensa independiente", dijo a la AFP Enrique Santos, presidente de la SIP, que agrupa a los propietarios de los principales diarios de la región.
Según Santos, esta relación es evidente en la "animadversión y la hostilidad creciente de los jefes de Estado frente a los medios que no le son adeptos, la descalificación permanente y el acoso a su credibilidad", una conducta que observa principalmente en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Santos, quien además es director del diario colombiano El Tiempo, identificó "un patrón creado por (el presidente venezolano) Hugo Chávez, que nace en Venezuela y se ha expandido por la región".
El ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, uno de los principales expositores en este encuentro, aclaró que no es "un desestabilizador", y que no pretende "defender los intereses de los empresarios de la comunicación", al responder críticas de diputados oficialistas venezolanos.
"La prensa a veces es cruel y pone nerviosos a los gobernantes, que se vuelven intolerantes. Pero siempre es mejor gobernar en libertad y democracia (...). Cuando se calla la voz del disidente, de los pensamientos diferentes, se queda en solitario, la voz del poder", dijo Toledo.
El ex mandatario boliviano Carlos Mesa, también periodista, pidió hacer una autocrítica sobre la calidad de los contenidos de los medios de comunicación en América Latina para poder enfrentar los intentos de control sobre la prensa.
"Es preocupante este escenario que busca generar monopolios estatales del manejo de la información y mecanismos legales que permitan a partir de interpretaciones subjetivas de la ley establecer límites para aquellos que se oponen a un proyecto político", dijo Mesa a la AFP.
Paralelamente a este foro, el gobierno venezolano organizó este mismo viernes un encuentro latinoamericano de contrainformación y comunicación popular.

miércoles, 2 de septiembre de 2009

Ollas encantadas

Rafa

Campaña contra el veto a las protestas

La oposición venezolana señaló ayer que inició una campaña en solicitud de apoyo contra el presidente Hugo Chávez, y especialmente contra la “criminalización de las protestas”.
El partido Acción Democrática comunicó que han acudido a diversos partidos e instancias internacionales para que emitan documentos de “angustia y respaldo” en favor de la oposición venezolana.
Protestar en las calles de Venezuela ya es sinónimo de crimen. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, anunció la semana pasada que abrirá procesos a todos aquellos que “por cualquier motivo marchan” y que, en su opinión, solo buscan “desestabilizar al Gobierno constitucionalmente electo”.
Su opinión es que “(estas) conductas encajan en el delito de rebelión civil”, que la ley venezolana castiga con penas de 12 a 24 años de cárcel.
Los primeros “rebeldes” ya están tras las rejas. El prefecto de la ciudad y 11 trabajadores de la Alcaldía Mayor de Caracas -que gobierna el opositor Antonio Ledezma- fueron detenidos hace una semana por participar en la marcha del sábado 22 de agosto contra la recién aprobada Ley Orgánica de Educación, que resta autonomía a las universidades y establece un sistema para fundar “la nueva conciencia” socialista en las escuelas. Todos ellos fueron acusados de “obstrucción de la vía pública”, “instigación a delinquir” y lesiones contra policías.
2.200 detenidosS
in embargo, según las cifras divulgadas ayer por la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción, cerca de 2.220 personas están procesadas en el país por participar en manifestaciones contra Chávez y sus políticas o en protesta por el mal funcionamiento de los servicios públicos. Desde 2007, unos 300 estudiantes han sido detenidos por participar en marchas contra el cierre del canal privado Radio Caracas TV y la reforma constitucional propuesta por Chávez para su reelección indefinida; desde entonces, 256 de ellos deben presentarse ante un juez de forma periódica y tienen prohibido salir de Venezuela.
Millones”, en la marcha anti Chávez
Los promotores de la protesta internacional “No más Chávez”, convocada por medio de Facebook y Twitter para el 4 de septiembre, calculan que “unos 50 ó 60 millones de personas unirán sus voces en contra de las intromisiones y faltas de respeto” del venezolano. El presidente de Honduras, Roberto Micheletti, anunció que se sumará a la protesta, al igual que organizaciones civiles hondureñas.

martes, 18 de agosto de 2009

¿Comités para la represión?

Por Antonio Rodríguez Vicéns
El dictador de Carondelet, con tozudez e intransigencia, ha ratificado que se crearán los Comités de Defensa de la ‘revolución ciudadana’, probablemente por sugerencia, en su última visita a Quito, de Raúl Castro, dechado y paradigma de la democracia contemporánea y heredero, como en las antiguas y extinguidas monarquías, tal vez por su rancio abolengo ‘revolucionario’, del poder total en su país. Es una servil y burda copia. No escribo de memoria ni desde la teoría: en una de mis visitas a Cuba pude comprobar personalmente que son un instrumento para el espionaje y la delación y, como lógica secuela, imponiendo el miedo y el silencio, para el control y la represión de los ciudadanos críticos e insatisfechos.No serán una creación libre desde la sociedad civil: serán una imposición, sin base constitucional y legal, desde el Estado. No nacerán espontáneamente, como resultado de la decisión y la organización de los ciudadanos, para luchar para el mejoramiento de las condiciones materiales de su vida o para la defensa de sus derechos conculcados por el Estado. Todo lo contrario: serán un instrumento del Estado contra la libertad e independencia de los ciudadanos. No serán utilizados para defender al ciudadano común sino a la ‘revolución ciudadana’. Es probable que algún lector escéptico piense que exagero y afirmará que el Ecuador no es Cuba. Estoy de acuerdo. El autoritarismo mendaz que padecemos no es -todavía- igual al totalitarismo cubano. ¿No se ha preguntado usted, lector, cómo serán financiados? ¿Con qué recursos? ¿Acaso esos recursos saldrán de los ‘remanentes’ de campañas anteriores o de aportes para el movimiento político gobernante? ¿O serán creados, promovidos y mantenidos con los recursos del Estado, que no pertenecen a un partido o movimiento determinado sino a todos los ecuatorianos? ¿Con qué derecho -y con qué sustentos legales- financiará la ‘revolución ciudadana’ con ingresos del Estado la creación, existencia y funcionamiento de los Comités de Defensa? ¿Qué dirá la Asamblea? ¿Cómo actuarán los organismos de control?
¿Cómo actuarán? ¿Cómo serán utilizados? ¿No servirán, como ya ha insinuado impúdicamente el dictador de Carondelet, para impedir “supuestos intentos de desestabilizar su gestión”? ¿O para “evitar cualquier intento golpista”? ¿No serán parte de la organización de su propio movimiento? El objetivo es muy claro: los Comités de Defensa serán un instrumento político manipulado por la ‘revolución ciudadana’. En efecto, si el proyecto se concreta, muy pronto veremos a los integrantes de esos Comités en las marchas y concentraciones oficiales, en las ‘espontáneas’ y represivas protestas contra supuestos o reales opositores o, en fin, interviniendo a favor de los candidatos gobiernistas en los procesos electorales.

miércoles, 29 de julio de 2009

UNE marcha en Quito y Guayaquil para rechazar sumarios administrativos

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En la capital, la marcha se realizó sin mayores inconvenientes, mientras que en las calles céntricas de Guayaquil varias personas resultaron asfixiadas por el gas lacrimógeno que la Policía Nacional debió usar para controlar a los manifestantes.
"Si quieren matar a los trabajadores, a los estudiantes, que lo hagan, pero no vamos a renunciar nunca (...) no vamos a renunciar a nuestro derecho a la pelea, a la movilización", sentenció Carlos Medina, dirigente de la UNE.
Esta semana, el Gobierno anunció que dará una tercera oportunidad a los maestros que no rindieron la evaluación en los dos llamados anteriores. Justificando el motivo por el cual no asistieron, podrán rendir nuevamente el examen y evitar así el sumario administrativo.
No obstante, el vicepresidente de la UNE, Francisco Rojas, manifestó que su gremio no se expondrá a la "trampa" de la "tercera oportunidad". (LGP)

martes, 14 de julio de 2009

miércoles, 17 de junio de 2009

Sacrilegio

Emilio Palacio
SacrilegioDías atrás, el Conartel sancionó a Teleamazonas por difundir un reportaje sobre la Feria de las Flores y las Frutas de Ambato en el que, durante breves segundos, se pudo ver cómo alguien le clavaba una pica a un toro.
Ahora el Conartel se prepara para aplicarle una nueva sanción al canal por haber mostrado a un grupo de dirigentes de la oposición cuando develaban un centro de cómputo electoral secreto.
Con esta segunda sanción, el Conartel podrá sacar a Teleamazonas del aire por unos días. Luego forjarán una tercera falta para cerrarlo definitivamente. De ese modo, el jovencito presidente del organismo habrá alcanzado su objetivo: contentar al Presidente de la República, que como todos sabemos no puede ver a Jorge Ortiz, María Josefa Coronel y Carlos Jijón ni en pintura.
Los elegantes revolucionarios del Conartel se apoyan en una Ley de Radiodifusión y Televisión que dictó la última dictadura militar. Les recomiendo que la lean. Parece redactada por Torquemada, el famoso cura que dirigió la Inquisición y que torturó y asesinó a miles de inocentes.
Hasta aquí no les he dicho nada nuevo. Todos sabemos que la Revolución Ciudadana busca instaurar una nueva religión que tendrá su propia cámara de suplicios. Pero esta vez al jovencito presidente del Conartel se le fue la mano, porque la legislación de la dictadura que está invocando viola la letra y el espíritu de la nueva Biblia que los sacerdotes de Alianza PAIS aprobaron en el Concilio de Montecristi, al permitirle al Presidente de la República que incluyera en el reglamento sanciones que no constan en la ley principal.
¿Pero y eso qué importa?, me dirán ustedes; castigo es castigo de todos modos. Pues no es así. La Constitución de Montecristi, que se supone que está por encima de cualquier ley o reglamento, dice en su artículo 76, numeral 3, que no se podrá aplicar ninguna sanción que no conste “en la Constitución o la ley”. Es decir que no valen las sanciones que solo aparezcan en el reglamento.
El Conartel ha cometido por tanto sacrilegio.
Hay sobrados motivos entonces para presentar una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Correa y de la Dictadura ante la nueva Corte Constitucional, y para eso hago un llamado a todos los periodistas y ciudadanos que estén dispuestos a sumarse para que la demanda cuente con la mayor fuerza posible.
Pero mis amigos abogados que me asesoran me han advertido de un inconveniente: el trámite de cualquier demanda de inconstitucionalidad deberá cumplir ciertos plazos obligatorios, y el Conartel podría cerrar Teleamazonas mucho antes. Por eso me dirijo también a los ex periodistas de la Revolución Ciudadana, Javier Ponce, Alberto Acosta, Aminta Buenaño, Orlando Pérez, Xavier Lasso, Freddy Ehlers y tantos otros cuyos nombres olvido. Ustedes no pueden guardar silencio. Deben pedirle al Conartel que espere a que la Corte Constitucional se pronuncie. Si el Conartel va a cometer sacrilegio, que al menos espere a que las instituciones que ustedes mismos crearon se pronuncien.
No les costará nada, apenas unas semanas, y en cambio le darán al país la seguridad de que no estarán pisoteando la libertad de expresión como muchos creemos.

jueves, 11 de junio de 2009

Obedientes

Manuel Ignacio Gómez Lecaro
Según su página web, el Conartel “es un organismo autónomo de derecho público”. Linda autonomía socialista del Siglo XXI. Han tenido su sentido del humor.
El Conartel es hoy un organismo vergonzosamente obediente del poder. Si sus miembros siguen tan aplicados y sumisos, se ganarán todas las sonrisitas del jefe y un vergonzoso e importante capítulo en nuestra historia nacional de atropellos.
Rafael Correa no puede hacerlo todo solo. Necesita gente que ejecute sus órdenes. Gente que cumpla sin hacer preguntas ni analizar las consecuencias de sus actos. Sus ejecutores olvidan que el poder que tienen ahora es pasajero. Que el gobierno de Rafael Correa es pasajero. Pero la reputación permanece por mucho tiempo. El tiempo y la memoria no borran fácilmente los atropellos.
Veo a Antonio García, el joven presidente del Conartel, hablar a los periodistas, como quien no dice nada. Les informa que se ha iniciado el tercer proceso contra Teleamazonas, por dizque violar la nueva ley favorita de Correa que dice que no se puede transmitir noticias basadas en supuestos que causen conmoción social. En otras palabras, García informa que el Conartel, siguiendo la voluntad del Ejecutivo, ha iniciado arbitrariamente el proceso para cerrar Teleamazonas, callar sus noticieros y periodistas, y consolidar así el atropello de Correa a la libertad de expresión.
Correa dijo que “los medios de comunicación no están por encima de la ley”. Pero por lo visto él sí lo está. Pretender callar un canal de televisión utilizando absurdamente como excusa un par de reportajes, eso sí es estar por encima de la ley. Convertir hechos reales en “supuestos”, y la reacción inofensiva del televidente en “conmoción social”, eso sí es estar por encima de la ley. Llegar a cerrar un canal de televisión con estas excusas no sería solo estar por encima de la ley. Eso es ser la ley.
Correa pidió a los periodistas que, “en vez de hacer tanto estruendo de que se está atentando contra la libertad de expresión”, reclamen “si está cumpliéndose o no la ley”. Aquí reclamo. No se está cumpliendo la ley. Se están tergiversando hechos (decir que son supuestos lo que fueron hechos) e inventando consecuencias (conmociones sociales que no han existido) para adaptarlos a una ley absurda y así alcanzar sus sanciones desproporcionadas.
El debate no es si los medios hacen un buen o mal trabajo. O si sus reportajes son totalmente neutrales o tienen intereses particulares. Menos aún si sus dueños son banqueros o verduleros. No desviemos la cosa. Lo que está en juego es nuestra libertad para expresarnos. Que no nos metan el cuento de que todo está apegado a la ley. El Presidente quiere demostrar que él también tiene el poder para cerrar canales y seguir ganando elecciones. No entiende de libertad. No le interesa la libertad.
Todavía Teleamazonas está al aire. Pero de darse su cierre temporal o definitivo se habrá concretado el más vergonzoso atropello de este Gobierno. No hay excusa que sirva a Rafael Correa y sus funcionarios del Conartel para justificar estas acciones. No olvidaremos a quienes fueron parte de este abuso. Algún día, cuando dejen de ser la ley, tendrán que responder.

miércoles, 10 de junio de 2009

Persecución a Teleamazonas

Por César Coronel Garcés
Como lo he hecho durante las dos últimas semanas, hoy volveré a hablar de la libertad de expresión.Nadie puede ser restringido ni censurado por expresar una u otra opinión: lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos; esa es una norma que, se supone, debe ser respetada.Ya lo dije la semana pasada: a Teleamazonas "se la tienen jurada" porque es uno de los pocos medios de comunicación en el que no han doblado sus rodillas ante la dictadura.Si no le gusta la programación de un canal de televisión, tiene muchas otras opciones. Por ejemplo, cambie de canal. Pero no estar de acuerdo con una línea de prensa independiente no es excusa para cerrar un medio de comunicación.La normativa vigente establece tres tipos de sanciones a los medios de comunicación cuando incumplen -el de Teleamazonas no es el caso- con las leyes reguladoras de información: primero, una multa; si reinciden, le aplican la suspensión temporal (90 días), y, en última instancia, esto puede derivar en la revocación definitiva de la frecuencia del canal de televisión.La primera sanción ya fue aplicada. Se espera que estos días, desde Carondelet, ordenen que se aplique la segunda: en 90 días suspendido, cualquier cosa puede pasar y nadie podrá informar.Los empleados del canal se quedarán en la calle, don José no podrá ver el fútbol; doña Pepita, la novela; Miguelito, los dibujos animados, y los ecuatorianos no podremos seguir descubriendo los errores de este Gobierno. Pero esto va más allá, el asunto es mucho más grave, y la mía no es defensa a una empresa o a un grupo de comunicadores: me preocupa el peligro que implicaría que la gente pierda su libertad a expresarse.Castigan al canal por mostrar imágenes de la tradición taurina que muchos otros medios también emitieron; dicen que se sanciona por dar información sin confirmar sobre el misterioso centro de conteo de votos, donde antes funcionaba Santa Isabel, pero yo me pregunto: ¿quién sancionó a Ecuador TV cuando anunciaron 15 días antes la muerte de Febres Cordero?, ¿quién censura los insultos presidenciales todos los sábados?, ¿quién regula la objetividad de los medios estatales y la de los incautados?
Este sábado pasado, Correa ya no habló solo de Teleamazonas, también hablo de respetables medios como Diario HOY (que me honra con este no merecido espacio semanal).
Ahora, la persecución es a este canal de televisión, mañana puede ser a usted, puede ser a mí. ¿Quién será el próximo en ser callado?
Si suspenden un canal aumentará el miedo y muy pocos nos atreveremos a seguir hablando y diciendo las cosas que se hacen mal.¡La gente ya tiene miedo! Esta semana, de las varias entrevistas a las que he sido llamado, en dos radios -fuera del aire- me dijeron lo que podía y lo que no podía decir, ¡que lamentable! Muchos ya demuestran su temor a ser callados para siempre.
Ya les pasó a mis hermanos venezolanos, no quiero que esto pase en mi amado país.Yo estoy convencido de que hay un Ecuador que no calla y nuestros corazones seguirán gritando libertad sin odio, sin miedo y sin violencia.

jueves, 5 de febrero de 2009

‘Conarpías’

Por Carlos Vera Rodríguez
Una ciudadana presentó cuestionamientos y sospechas –sin mayor argumentación y ninguna prueba- de que sondeos de opinión en dos programas de TV atentaban contra la honra de las personas.
El Conartel, ipso facto, sin más trámite, emitió una resolución contra esa libertad de expresión. Rápido. Fácil. No me llamaron a responder dudas o refutar objeciones. Nada. Son los nuevos dioses del Olimpo. Para colmo, se equivocaron de programa en el caso de Teleamazonas, pues Jorge Ortiz no hace encuestas, como le llaman ‘Torquemada y Cía’, durante ‘Hora 7’, sino Bernardo Abad, en el espacio anterior. Por eso, la respuesta de ese canal fue inmediata y simple, los hizo quedar en ridículo. ¡Evidenció su precipitación y carencia de sustento! ¿A las radios y canales que sacan al aire sondeos adversos a los críticos del oficialismo les pidieron lo mismo?
Allí no quedará la nueva escaramuza del Conartel contra las opiniones disímiles a su jefe y quienes contrarían sus visiones. Ya antes los sumisos capitaneados por Yunda y su combo consideraron violación legal la información que transmitió Contacto Directo, y luego repitieron Televistazo I y Televistazo II: oficiales de Marina, en un cuartel guayaquileño, relataron presiones políticas para los ascensos.
A los censores disfrazados de reguladores se les ocurrió que aquello atentaba contra la intimidad familiar o la privacidad de las personas. Abrieron un proceso.
De ratificar ellos la infracción, la sanción era una multa de USD 90, más suspensión de transmisiones durante 90 días por reincidir.
Amenazaron con definir a la emisión matutina de esa noticia como la primera falta y a la del mediodía, como reincidente. ¡Bingo! Dos delitos en un solo día. A callarse. Y a quebrar la empresa que no callaba al crítico delGobierno porque los militares tampoco callaron sus inconformidades ventiladas en una institución pública, en un recinto naval, albergue de esa discusión sobre un hecho público.
Bajo la palabreja “requerir” y el pretexto de regular, lo que hace el Conartel es prohibir. Basta leer con inteligencia la resolución. ¿Cómo saber si una pregunta no atenta contra la honra de alguien? Solo sometiéndola previamente al Conartel y a sus criterios correístas de moral. Lo otro es el riesgo de seguir con independencia hasta que se les vire el hígado o se les harte la paciencia. A esas subjetividades estamos sujetos. Se ponen alertas cuando alguien ataca al emperador, pero ignoran acusación sin pruebas de violador de menores contra un médico. Y no le piden antes el discurso al insultador. Ni sancionan a los medios defensores de la difamación. ¿O eso no atenta contra la honra? Con arpías no hay más opción que rebelarse. Y no acatar sus mañoserías. Es suicida que la prensa crítica e independiente no haya sido unánime en este caso. Nos bastamos los que estamos.

jueves, 4 de septiembre de 2008

¡No a las cadenas!

Por Carlos Vera Rodríguez
Son ilegales. Ahora salen con que se amparan en el artículo 59 de La Ley de Radiodifusión y Televisión, cuando el espacio gratuito de hasta una hora diaria previsto allí es para “programas oficiales de teleeducación y salubridad, elaborados por el Ministerio de Educación y Salud Pública”.
Interpretarán que a eso equivale publicitar determinados artículos del proyecto de nueva Constitución política.
Eso es proselitismo! ¿No van a incluir explicación para ‘orientar’ el voto? ¿Se limitarán a exponerlos completos y nada más? Claro que no. Necesitan inducir y traducir, porque muchos temas graves están mal redactados, fueron adulterados, o en otros casos, resulta evidente su atrofia. Ello vuelve imprescindible una manito de gato.
“La regulación debe aplicarse solo cuando es necesaria; cuando no es necesaria, hay que dejarlos que se desarrollen”, fue la salida del actual Superintendente de Telecomunicaciones Guerrero, cuando Alfonso Espinosa de los Monteros advirtió que varios artículos de la mordaza que se votará en referéndum significan una estatización o semiestatización de la comunicación independiente.
El 313 dice que “el Estado se reserva administrar… controlar y gestionar sectores estratégicos”. Más adelante incluye entre ellos el espectro radioeléctrico, es decir, el recurso que explotan radios y televisoras; el 315 ordena “constituir empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos”; y el 316, como gran cosa, admite que “podrá delegar la participación en los sectores estratégicos a empresas mixtas… en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria”. ¿Fidel Egas socio de Rafael Correa? ¿Teresa Arboleda presentadora de ETV?
El asunto no acaba allí. No esperarán el sí para imponer cadenas ahora, apelando en otros casos a la Ley de Educación para la Democracia (¿sabían ustedes que existía?) aunque nada dice de radios y canales de televisión, mientras resalta que la “educación en valores, democracia, integración, derechos humanos y deberes ciudadanos deberá ser introducida de manera pluralista y no dogmática”.
No anda tan alto el sí cuando resultan insuficientes los abúlicos paneles de Rafael Correa, su verborrea resentida, el bombardeo de cuñas, el insulto a estudiantes, la protección de delincuentes y la criminalización de inocentes, para el tigre suelto con burro amarrado en que han convertido la lid del 28. Mentira. ¿Que nos quieran callar? Mentira. ¿Que hayan empezado ya? Mentira.
¿Que el artículo 19 del proyecto “regulará la prevalencia de contenidos informativos en la programación de medios de comunicación”? Mentira.
Lean bien y con cuidado la propuesta de censura camuflada cuyas líneas rojas hicieron tres conquistadores españoles para ver si es mentira. Aprovecharon la prensa libre para proyectarse, pero no podrán constreñirla para perpetuarse
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Quito - Ecuador 4 de septiembre del 2008

martes, 19 de agosto de 2008

Rector de la U. Católica condena "excesos" de la seguridad policial

En la toma de televisión se observa a un uniformado pateando a un estudiante que gritaba por el No al referéndum

Varios estudiantes fueron golpeados por la fuerza pública y vigilados para evitar que continúen con gritos en contra

La Policía lanzó gases lacrimógenos para detener a los manifestantes que trataban de llegar a la caravana presidencial.
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AGRESIÓN A ESTUDIANTES.
Rector dice que Policía violó la autoridad universitaria con represión.
Para el rector de la Universidad Católica de Guayaquil, Michel Doumet, la Policía Nacional “violó la autoridad universitaria” al querer preservar el orden con represión durante los enfrentamientos ocurridos el sábado pasado en los predios de la institución.
“La violación está en tanto en cuanto a la agresión sucedida por parte de la Policía contra los alumnos (...). Nosotros la rechazamos”, dijo.
En sus declaraciones, Doumet garantizó a los estudiantes y padres de familia que se realiza una investigación profunda de los sucesos “para aplicar las sanciones a quienes puedan resultar responsables de agresiones a la integridad física y a la dignidad estudiantil”.
Mientras el jefe del Cuarto Distrito, Euclides Mantilla, aseguró que la Policía elabora un informe sobre los incidentes porque “hubo atentado contra el señor Presidente”.
El documento será entregado a la Fiscalía para que inicie el proceso y acuse a las personas que, según Mantilla, “están plenamente identificadas”. No precisó si eran universitarios o personas ajenas
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En tanto el contralor del Estado, Carlos Pólit, no descartó observar a los funcionarios públicos que participaron en las movilizaciones. “El Director del SRI (Nicolás Issa) tendrá que responder en las acciones de control, en caso de que sus funcionarios hayan participado. Por esta situación puede llegar hasta la destitución”.
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Juan Fernández, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) de la Universidad de Guayaquil rechazó la actitud del presidente Correa por “incentivar la violencia entre los estudiantes de la Universidad Católica”.
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Michel Doumet
RECTOR DE LA U. CATÓLICA
“Por ahí salió gas lacrimógeno y se armó la trifulca y por eso creemos que la policía ha sido un tanto imprudente”.
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Euclides Mantilla Jefe del Cuarto Distrito
“Hubo atentado contra el Presidente. Es absurdo que no pueda ir a su universidad, donde se ha educado”.
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