Rafa
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martes, 25 de agosto de 2009
viernes, 21 de agosto de 2009
Doris Solís está In con los CDR y anuncia los CPG
¿Y cuántos CDR tiene hasta ahora?
Bueno, según cálculos de nuestra central de campaña, tenemos 400 mil, de 10 cada uno. Eso da un total de cuatro millones. Es decir que tendremos un CDR en cada familia, lo que nos permite el control casi total, porque siempre habrá algún resentido que no entregue la información a tiempo a la central de riesgos, lo que sig...
Espere, espere... ¿Qué es eso de la central de riesgos?
La central de riesgos es una central del politburó en la que registramos a los pequeños burgueses que gusten de los licores importados, de los perfumes, de los pañales, de los chocolates importados, de los cortes de carne, del aceite de oliva, de la leche, del pan francés...
¿Hasta del pan francés?
Sí, porque solo va estar permitido pan belga.
¿Cómo controlarán a disidentes?
Tenemos varias alternativas. Hemos pensado en casi todo. Los CDR garantizan cuotas de comida y alguna que otra golosina. En el momento en que la central de riesgos detecte alguna alteración del comportamiento de las células, los sacamos del mercado.
¿Y cómo vigilarán a los CDR?
Con los CPG
.¿Y eso qué es?
El Círculo del Patiño y su Grupo.
Las confusiones de los autollamados "salvadores de la patria"
Parece que los muertos resucitan...
Att
Observador
...
Att
Observador
...
De repente habría sido más conveniente usar el término comité de desarrollo ciudadano y no estaríamos aquí discutiendo el tema (...) yo no estoy de acuerdo con el término por las reacciones que ha generado, yo creo que es una forma de organización efectivamente no en dictadura sino en democracia para que haya un orden en una sociedad que puede volverse caótica", expresó P. Correa. (LGP)
martes, 18 de agosto de 2009
¿Comités para la represión?
Por Antonio Rodríguez Vicéns
El dictador de Carondelet, con tozudez e intransigencia, ha ratificado que se crearán los Comités de Defensa de la ‘revolución ciudadana’, probablemente por sugerencia, en su última visita a Quito, de Raúl Castro, dechado y paradigma de la democracia contemporánea y heredero, como en las antiguas y extinguidas monarquías, tal vez por su rancio abolengo ‘revolucionario’, del poder total en su país. Es una servil y burda copia. No escribo de memoria ni desde la teoría: en una de mis visitas a Cuba pude comprobar personalmente que son un instrumento para el espionaje y la delación y, como lógica secuela, imponiendo el miedo y el silencio, para el control y la represión de los ciudadanos críticos e insatisfechos.No serán una creación libre desde la sociedad civil: serán una imposición, sin base constitucional y legal, desde el Estado. No nacerán espontáneamente, como resultado de la decisión y la organización de los ciudadanos, para luchar para el mejoramiento de las condiciones materiales de su vida o para la defensa de sus derechos conculcados por el Estado. Todo lo contrario: serán un instrumento del Estado contra la libertad e independencia de los ciudadanos. No serán utilizados para defender al ciudadano común sino a la ‘revolución ciudadana’. Es probable que algún lector escéptico piense que exagero y afirmará que el Ecuador no es Cuba. Estoy de acuerdo. El autoritarismo mendaz que padecemos no es -todavía- igual al totalitarismo cubano. ¿No se ha preguntado usted, lector, cómo serán financiados? ¿Con qué recursos? ¿Acaso esos recursos saldrán de los ‘remanentes’ de campañas anteriores o de aportes para el movimiento político gobernante? ¿O serán creados, promovidos y mantenidos con los recursos del Estado, que no pertenecen a un partido o movimiento determinado sino a todos los ecuatorianos? ¿Con qué derecho -y con qué sustentos legales- financiará la ‘revolución ciudadana’ con ingresos del Estado la creación, existencia y funcionamiento de los Comités de Defensa? ¿Qué dirá la Asamblea? ¿Cómo actuarán los organismos de control?
¿Cómo actuarán? ¿Cómo serán utilizados? ¿No servirán, como ya ha insinuado impúdicamente el dictador de Carondelet, para impedir “supuestos intentos de desestabilizar su gestión”? ¿O para “evitar cualquier intento golpista”? ¿No serán parte de la organización de su propio movimiento? El objetivo es muy claro: los Comités de Defensa serán un instrumento político manipulado por la ‘revolución ciudadana’. En efecto, si el proyecto se concreta, muy pronto veremos a los integrantes de esos Comités en las marchas y concentraciones oficiales, en las ‘espontáneas’ y represivas protestas contra supuestos o reales opositores o, en fin, interviniendo a favor de los candidatos gobiernistas en los procesos electorales.
miércoles, 3 de junio de 2009
Jalkh: El telegrama es responsabilidad única de Juan Sosa
Junto al comandante de Policía, Freddy Martínez, y al titular de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, ayer el Ministro de Gobierno afirmó que “el general Sosa sabrá por qué lo ha enviado (el memorándum) y sabrá responder qué concepto tenía en la cabeza al emitirlo”.
Jalkh reconoció que el 8 de mayo se reunió con otras autoridades para tratar temas relacionados con la seguridad nacional e intercambiar información. Entre ellos, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Troya; el fiscal subrogante, Alfredo Alvear; y el general Juan Sosa (quien pasó a disponibilidad cuando el presidente Rafael Correa reestructuró la cúpula policial).
Ayer, tanto Jalkh como Miguel Carvajal y el presidente del Consejo de la Judicatura, Xavier Arosemena, negaron que haya existido una resolución para espiar a jueces o fiscales.
El ministro Jalkh señaló que “es totalmente inaceptable” el que se haya emitido ese memorándum sin conocimiento de las autoridades y haciendo mención a los resultados de la reunión del 8 de mayo, en la cual, aseguró, “no se mencionó en lo absoluto que se hagan labores de contrainteligencia”.
Jalkh reconoció que el 8 de mayo se reunió con otras autoridades para tratar temas relacionados con la seguridad nacional e intercambiar información. Entre ellos, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Troya; el fiscal subrogante, Alfredo Alvear; y el general Juan Sosa (quien pasó a disponibilidad cuando el presidente Rafael Correa reestructuró la cúpula policial).
Ayer, tanto Jalkh como Miguel Carvajal y el presidente del Consejo de la Judicatura, Xavier Arosemena, negaron que haya existido una resolución para espiar a jueces o fiscales.
El ministro Jalkh señaló que “es totalmente inaceptable” el que se haya emitido ese memorándum sin conocimiento de las autoridades y haciendo mención a los resultados de la reunión del 8 de mayo, en la cual, aseguró, “no se mencionó en lo absoluto que se hagan labores de contrainteligencia”.
Informó que ya coordinó con el Comandante de la Policía para que quede sin efecto el contenido del documento. “Es absolutamente inaceptable y no tiene ningún asidero ni constitucional ni legal”.
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