jueves, 25 de febrero de 2010

Médicos acusan de esclavitud a Cuba y Venezuela

Siete médicos y un enfermero cubanos demandaron a Cuba, Venezuela y a la empresa estatal de este último país, Pdvsa, por presunta conspiración para obligarles a trabajar en condiciones de “esclavos modernos”, como pago por la deuda cubana con el Estado venezolano por suministro de petróleo.
El caso fue presentado el pasado viernes en un tribunal federal de Miami por los médicos Julio César Lubián, Ileana Mastrapa, Miguel Majfud, María del Carmen Milanés, Frank Vargas, John Doe y Julio César Dieguez, y el enfermero Osmani Rebeaux, quienes exigen una indemnización que sobrepasa los 50 millones de dólares, dijo Pablo de Cuba, uno de los abogados defensores.
Los demandados, “intencional y arbitrariamente”, colocaron a los profesionales de la salud en “condición de servidumbre por deuda”, y estos se convirtieron en “esclavos económicos” y promotores políticos, según el documento de la demanda presentada en EE.UU.El abogado Leonardo Arístides Cantón argumenta que los demandantes viajaron a Venezuela bajo “engaño” y “amenazas” y fueron forzados a trabajar sin límite de horas en la misión Barrio Adentro, en lugares con una alta tasa de delitos comunes y políticos, incluyendo zonas selváticas y la “beligerante” frontera con Colombia.
Barrio Adentro es un programa del gobierno de Venezuela que utiliza médicos cubanos y venezolanos para ofrecer servicios de salud en las zonas pobres del país. La presencia de los médicos de la isla es posible por un convenio integral de cooperación firmado entre Cuba y Venezuela en el 2000, y ampliado en el 2004, que establece que La Habana enviará a Venezuela profesionales de la salud a cambio de 100.000 barriles diarios de petróleo suministrados a través de Pdvsa.
“Algunos de estos profesionales fueron asesinados, heridos y varias doctoras violadas”, señala el texto de la demanda.
Según Cantón, ambas naciones han colocado a personas inocentes y libres bajo condiciones de trabajo forzado, cautiverio y servidumbre por deuda, una “versión moderna de la esclavitud” y que “el convenio de los gobiernos de Cuba y Venezuela constituye una flagrante confabulación comparable al comercio de esclavos en la América colonial”.
Los demandantes afirmaron que vivían hacinados en residencias alquiladas o casas de personas afectas al régimen venezolano, mientras trabajaban sin licencia para ejercer la medicina en la nación andina, violando las leyes de ese país.

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