Un oficio remitido por el ex director nacional de Operaciones de la Policía, Juan Sosa Barreno, dirigido al entonces director nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, Oswaldo Yépez Cadena, y fechado el 8 de mayo de 2009, reveló un plan para espiar a jueces y fiscales como una supuesta medida en contra de la corrupción, según reveló ayer el suplemento BLANCO Y NEGRO.
"De acuerdo a la reunión mantenida el día viernes 8 de mayo de 2009 en la Sala de Prensa del Ministerio de Gobierno y Policía, convocada mediante oficio (...) del 5 de mayo de 2009, mucho agradeceré a usted disponer realice contrainteligencia de las actividades de los Fiscales y Jueces para evitar actos de corrupción e informe al respecto para comunicar en la próxima reunión", decía el memorando que fue publicado por BLANCO Y NEGRO. La convocatoria a la reunión del 8 de mayo habría sido firmada por los ministros de Gobierno y de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Jalkh y Miguel Carvajal, respectivamente. A la cita, también habría asistido el ministro de Justicia, Néstor Arbito. El fiscal general, Washington Pesántez, habría enviado al subrogante, Alfredo Alvear, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, dijo al suplemento de HOY que había permanecido en la reunión solo 10 minutos.
Los funcionarios de la Fiscalía, de la Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura negaron a BLANCO Y NEGRO haber discutido un plan para espiar a jueces y fiscales, y hasta Pesántez ha rechazado de manera tajante la posibilidad de tal actividad de contrainteligencia.
El mismo ministro de Seguridad, uno de los que habría convocado a la reunión, ha negado tal posibilidad y ha dicho que la cita fue solo para abordar el tema de cómo mejorar la cooperación institucional entre todos los organismos que están relacionados con la seguridad.
Pese a la amnesia colectiva de los convocados al encuentro y del mismo oficial que firmó el memorando, el hecho cierto es que existe ese documento que ordena la investigación de jueces y fiscales, y esa no podría ser entendida como una iniciativa de la Policía. Debió, necesariamente, haber una orden superior.
Lo grave del asunto es que hay la sospecha de que todos somos espiados y una sociedad que vive con esa sensación solo puede alimentar miedos y temores. Por más loable que sea el fin, la lucha contra la corrupción, eso no puede justificar el poner bajo tela de duda a toda persona. En cualquier democracia, todas las personas son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. En el país, parece que vamos por el sentido contrario, y eso terminará por minar la credibilidad en todas las instituciones para imponer una verdad única, la oficial.
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