Opinión de Diario HOY
El Gobierno vuelve la carga en sus intentos de controlar los medios de comunicación independientes. No solo por medio de la Ley de Comunicación que debate la Asamblea Nacional. Ahora, ha hallado un subterfugio jurídico para el control por el veto parcial a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
En esa ley aprobada por la Asamblea se establece la obligación de rendir cuentas para las instituciones públicas o las instituciones privadas que reciben fondos públicos. Sin embargo, con el veto, se amplía esa rendición de cuentas a los medios de comunicación, lo que no estuvo en la intención del legislador, y se asigna al Consejo de Participación Ciudadana poderes discrecionales para reglamentar aquella rendición de cuentas.
Ese organismo "establecerá y coordinará los mecanismos, instrumentos y procedimientos para que las empresas informativas cumplan con esa información legal, una vez al año".
Ese consejo, cuya integración ha sido seriamente cuestionada, se convertirá así en árbitro del desempeño de los medios de comunicación. Otra instancia burocrática externa en función controladora de los medios.
Sin este tipo de subterfugio legal, ya se han dado casos de grupos afines al Gobierno que han acudido amenazantes a algún diario nacional, cuánto más se puede tornar una agresiva mordaza e inaceptable limitación de la libertad de expresión y de prensa un tipo de intromisión de esta naturaleza que, además, contrariaría los convenios y tratados internacionales.De otro lado, vuelven también a la carga, en la recta final de aprobación de la Ley de Comunicación, los intentos de control por parte del Gobierno: contrariando inclusive el acuerdo al que llegaron las bancadas de Gobierno y oposición, cuando la asambleísta oficialista Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Comunicación, insiste en que en la conformación del Consejo de Comunicación se hallen dos delegados del Ejecutivo.
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