La presidenta Cristina Fernández anunció hoy el envío al Congreso de un proyecto para reformar la ley que regula el sistema de radio y televisión que busca evitar la formación de monopolios, pero que las organizaciones periodísticas y la oposición política temen que sirva para controlar a la prensa.
"La libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión, libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Derecho a la información significa el derecho a toda la información y no el ocultamiento de una parte o la distorsión", dijo la mandataria durante un discurso en la casa de gobierno que fue transmitido por cadena nacional.
De ser aprobada por el Congreso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reemplazará a la Ley de Radiodifusión sancionada en 1980 durante la última dictadura militar.
El oficialismo intentará sancionar la nueva norma antes del 10 de diciembre, cuando asumirán los diputados y senadores electos en los comicios legislativos del 28 de junio, comicios en que los candidatos del partido de Gobierno .
El proyecto de ley impide la formación de monopolios y oligopolios, algo permitido en la actualidad. La legislación vigente autoriza a una sola persona jurídica ser titular de hasta 24 licencias de servicios abiertos (radio y televisión). En la nueva ley queda limitado a 10 licencias. A su vez, el plazo de vigencia de esas licencias será de 10 años en lugar de 15 años, como rige actualmente.
Por su parte, en la televisión por cable se habilita el ingreso de compañías de telecomunicaciones, vedado en la actualidad, y se regula el tiempo de publicidad.
"La tecnología exige la incorporación de nuevos actores", dijo Fernández.
El envío del proyecto al Congreso se produce apenas unos días después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rescindió unilateralmente el contrato por los derechos de televisación de los partidos del fútbol local -que mantenía desde hace 18 años con la compañía Televisión Satelital Codificada (TSC)- para cederlos al Estado.
Uno de los principales accionistas de TSC es el Grupo Clarín -dueño del diario homónimo, uno de los de mayor tirada de habla hispana-, que mantiene una tensa relación con el gobierno desde el año pasado, cuando partidarios de la mandataria y de su esposo y antecesor Néstor Kirchner lanzaron consignas contra algunos medios pertenecientes al grupo en actos oficiales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer las intimidaciones sufridas por dos directivos de Clarín y el ataque a la oficina del periódico en una localidad del interior del país.
Las acciones en contra de Clarín no parecieran producto del azar, sino que se asemejan más a una maniobra dirigida a intimidar al diario, expresó el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, según un comunicado difundido por la entidad con sede en Miami.
Esta es la segunda vez que la SIP advierte al gobierno por los ataques a la prensa y en particular a Clarín, cuyos canales de televisión por cable sufrieron en los últimos meses varias e inexplicables interrupciones en sus señales.
La edición digital del diario Clarín denuncia hoy que en una marcha kirchnerista se repartió una revista contra su grupo. "Fue en la manifestación protagonizada por Camioneros y militantes de La Cámpora, entre otros grupos oficialistas. Es apócrifa y ataca al Grupo Clarín y a algunos de sus accionistas, con hincapié en la estatización de la televisación del fútbol", publica .
En marzo, al concluir las deliberaciones de su reunión de medio año en Asunción, la SIP sostuvo que la libertad de prensa en la Argentina se está viendo amenazada de modo creciente por el poder político, a través de hechos de intimidación y agresión dirigidos contra periodistas y medios de comunicación.
Sin aclarar a quién se refería, Fernández aseguró que existe un "suprapoder" compuesto por poderes sutiles y no tanto, que tiene la suficiente fuerza para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión. Por ello, dijo, con el tratamiento de la ley en el Congreso la democracia será sometida a prueba.
"La libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión, libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Derecho a la información significa el derecho a toda la información y no el ocultamiento de una parte o la distorsión", dijo la mandataria durante un discurso en la casa de gobierno que fue transmitido por cadena nacional.
De ser aprobada por el Congreso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reemplazará a la Ley de Radiodifusión sancionada en 1980 durante la última dictadura militar.
El oficialismo intentará sancionar la nueva norma antes del 10 de diciembre, cuando asumirán los diputados y senadores electos en los comicios legislativos del 28 de junio, comicios en que los candidatos del partido de Gobierno .
El proyecto de ley impide la formación de monopolios y oligopolios, algo permitido en la actualidad. La legislación vigente autoriza a una sola persona jurídica ser titular de hasta 24 licencias de servicios abiertos (radio y televisión). En la nueva ley queda limitado a 10 licencias. A su vez, el plazo de vigencia de esas licencias será de 10 años en lugar de 15 años, como rige actualmente.
Por su parte, en la televisión por cable se habilita el ingreso de compañías de telecomunicaciones, vedado en la actualidad, y se regula el tiempo de publicidad.
"La tecnología exige la incorporación de nuevos actores", dijo Fernández.
El envío del proyecto al Congreso se produce apenas unos días después de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rescindió unilateralmente el contrato por los derechos de televisación de los partidos del fútbol local -que mantenía desde hace 18 años con la compañía Televisión Satelital Codificada (TSC)- para cederlos al Estado.
Uno de los principales accionistas de TSC es el Grupo Clarín -dueño del diario homónimo, uno de los de mayor tirada de habla hispana-, que mantiene una tensa relación con el gobierno desde el año pasado, cuando partidarios de la mandataria y de su esposo y antecesor Néstor Kirchner lanzaron consignas contra algunos medios pertenecientes al grupo en actos oficiales.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó ayer las intimidaciones sufridas por dos directivos de Clarín y el ataque a la oficina del periódico en una localidad del interior del país.
Las acciones en contra de Clarín no parecieran producto del azar, sino que se asemejan más a una maniobra dirigida a intimidar al diario, expresó el presidente de la SIP, Enrique Santos Calderón, según un comunicado difundido por la entidad con sede en Miami.
Esta es la segunda vez que la SIP advierte al gobierno por los ataques a la prensa y en particular a Clarín, cuyos canales de televisión por cable sufrieron en los últimos meses varias e inexplicables interrupciones en sus señales.
La edición digital del diario Clarín denuncia hoy que en una marcha kirchnerista se repartió una revista contra su grupo. "Fue en la manifestación protagonizada por Camioneros y militantes de La Cámpora, entre otros grupos oficialistas. Es apócrifa y ataca al Grupo Clarín y a algunos de sus accionistas, con hincapié en la estatización de la televisación del fútbol", publica .
En marzo, al concluir las deliberaciones de su reunión de medio año en Asunción, la SIP sostuvo que la libertad de prensa en la Argentina se está viendo amenazada de modo creciente por el poder político, a través de hechos de intimidación y agresión dirigidos contra periodistas y medios de comunicación.
Sin aclarar a quién se refería, Fernández aseguró que existe un "suprapoder" compuesto por poderes sutiles y no tanto, que tiene la suficiente fuerza para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión. Por ello, dijo, con el tratamiento de la ley en el Congreso la democracia será sometida a prueba.
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