La nueva Carta Magna crea otra función: la de Transparencia y Control Social, ‘bautizada’ por el movimiento oficialista PAIS como “cuarto poder”.
Está integrada por todas las autoridades de control y el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Este último será encargado, a su vez, de la designación de esas mismas autoridades; unas a través de concursos públicos, de comisiones especiales de selección o de ternas enviadas por la función Ejecutiva (es el caso del Procurador y los superintendentes).
La ex asambleísta Pilar Núñez (PAIS), que fue parte de la mesa 2 de Participación Ciudadana y Sistemas de Representación, explica que el espíritu de la norma apunta a involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones del país, no solo a través de la participación directa (en elecciones).El Consejo estará conformado por siete miembros elegidos por concurso público de candidatos presentados por las organizaciones sociales y representantes de la ciudadanía.
Dicho concurso lo convocará el Consejo Nacional Electoral (uno de los organismos que conforman la nueva Función Electoral).El ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, cree que el Consejo tendrá “superpoderes” ya que nombra a todas las autoridades mencionadas. Al jurista le preocupa que su integración dependa de los candidatos que presentan “organizaciones sociales” y quiénes serán los “representantes de la ciudadanía”.
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“¿Qué organizaciones sociales, qué ciudadanía son las que van a elegir a los siete ‘superpoderosos’. Actualmente aparecen grupos sociales sin ninguna legitimidad electoral, como los actores políticos que hubo en el referéndum. Por ejemplo, a los miembros de la organización juvenil de los barrios del sur, ¿quién los eligió?, ¿de dónde salieron?”, cuestiona.
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