Por Pablo Ortiz García
Como consecuencia de la denuncia que la Asociación de Empleados de la Superintendencia de Compañías ha presentado contra la máxima autoridad de ese organismo, y las palabras tanto del Superintendente, como del Secretario de Anticorrupción de la Presidencia, en el sentido que no procede la investigación, puesto que no es delito pedir un porcentaje del sueldo para las arcas de Alianza País, me veo en la obligación de sostener que tal afirmación es, simplemente, inexacta.
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El Fiscal de la Nación debería iniciar la indagación, puesto que es grave la acusación al Superintendente, quien durante más de un año al frente de esa institución no ha justificado su designación
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El Superintendente, de conformidad con la Ley de Compañías, debe absolver las consultas formuladas por los representantes de las empresas sujetas a su vigilancia y control. Pues con el actual funcionario, a pesar de las contribuciones que se cobra a las compañías, dispuso que no se responda consulta alguna. ¿Para qué, entonces, un organismo de control, que no sirve ni siquiera para aclarar las dudas del sector productivo del país?
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Una persona cuyas decisiones parecen ilegales, y su actitud paraliza al sector productivo del país, debería presentar su renuncia, porque la Asamblea Constituyente, no actuará, ya que el presidente Correa no autorizará la remoción de su profesor de historia, quien no superó la época del Hombre de Cro-Magnon.
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