miércoles, 23 de abril de 2008

Extraño aumento contractual

Por Editorial Diario El Comercio
No se ha puesto la primera piedra -pues la placa se la entregó en el Palacio de Carondelet-, ni se han actualizado los estudios preliminares para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Coca - Codo Sinclair cuando se anuncia que el proyecto sufrió un aumento del 20% del costo; es decir ascendió a USD 2000 millones; además, debe añadirse a esta anómala situación, en palabras del Ministro de Electricidad y de Energías Renovables, que la causa es por la ‘devaluación del dólar en el último año’, sin explicar los mecanismos de reajuste que tan pródigamente utiliza para obtener tal resultado. La situación preocupa en términos de seguridad jurídica, transparencia contractual y respetabilidad de la República.
En el primer caso se suscribió un contrato sin licitación, sin concurso o comparación de precios; añádase, que no se conoce si se presentaron informes de la Procuraduría ni de la Contraloría del Estado. Completa este cuadro que el contrato se realice con empresas que no tienen antecedentes en la construcción de sistemas hidroeléctricos; en caso de la empresa Termopichincha, solo administra dos proyectos medianos y en el caso argentino se trata de una empresa tipo ‘holding’. Al pueblo ecuatoriano, que carece de interlocutores políticos, debe interesarle conocer a quiénes se les puede atribuir la responsabilidad por estas acciones públicas de esta magnitud y riesgo.
En segundo lugar y, cuando la Asamblea elabora un proyecto constitucional que concentra los poderes en el Primer Mandatario, es la oportunidad de establecer estrictos márgenes de control para que la contratación pública no se convierta en un baratillo de ofertas donde todo se puede contratar, modificar o reajustar el precio y las condiciones, según el buen criterio gubernamental
Finalmente, es necesario demandar respetabilidad para la República. Lo sucedido con este contrato -independientemente de las consideraciones para la República Argentina- hacia el interior del país, merece una veeduría ciudadana; de lo contrario, con el pretexto de la revolución, se podrá hacer lo que se quiera, siempre que se goce del correspondiente aval político.

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