Hernán Pérez Loose
La crisis generada por la incursión colombiana en nuestro país se caracteriza por moverse a base de capítulos inconclusos que se van amontonando unos tras otros. El nuevo, y no último de ellos, es la acusación pública del Jefe de Estado a un segmento de las Fuerzas Armadas de –palabras más, palabras menos– traición a la patria. La conducta objeto de la denuncia presidencial es la comisión de uno de los delitos más graves, si no el más grave, que se puede endilgar a un militar.
Por décadas en los diferentes países de Latinoamérica las fuerzas armadas han sido –algunas veces injustamente– acusadas de arbitrariedad, despilfarro y otros entuertos. Jamás, sin embargo, han sido acusadas de traición por su propio Comandante en Jefe.
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Demostrado está, además, que la información de la computadora de Reyes ya ha contribuido a detener en Costa Rica a gente vinculada con las FARC. Y en el pasado una información similar encontrada en manos de insurgentes de la derecha, una vez que fue validada por la Interpol, fue clave para descubrir los vínculos de los paramilitares en Colombia. Mal han hecho en llamar “payasada” a todo esto.
Es probable que el Gobierno piense que mientras subsista la dictadura y la popularidad del Presidente nada de esto, al menos casa adentro, podrá afectarlo. Pero también podría equivocarse
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