Una estela de dudas y un mar de interpretaciones sobre la conducta ética del oficialismo en la Asamblea ha dejado el fallido juicio al fiscal Washington Pesántez. Ayer, el asambleísta Marco Morillo, quien se abstuvo de votar en la Comisión que debía decidir que el juicio político fuera al Pleno de la Asamblea o se archivara, denunciaba que, en la casa de una de sus colegas, se elaboró uno de los informes de la Comisión de Fiscalización. Mientras tanto, la patética actitud del titular de la Asamblea, Fernando Cordero, es la graficación del lavatorio de manos de los políticos de antaño, que comprueba esta vez que el oficialismo tenía como consigna impedir que el juicio al fiscal fuera al Pleno, en donde tenían que tomar una posición de cara a las imputaciones hechas por cuatro de sus propios coidearios, quienes demostraron cómo Pesántez actuó con los procesos legales (caso de la jueza Blasio de El Oro); la adquisición por parte de un pariente de su esposa de un carro de lujo, a precio de ganga, vehículo incautado a un narcotraficante, o su injerencia en la Fiscalía tras el accidente de tránsito que involucró a su esposa.
Quienes sabían de antemano que debían proceder de acuerdo al designio del presidente de la República, esto es, evitar que se juzgue al fiscal, ni siquiera valoraron las evidencias presentadas por los acusadores; sencillamente, no dieron oídos a las denuncias; por eso, tampoco pudieron hacer una defensa coherente del fiscal, que habría sido positiva para el conocimiento de los ciudadanos. En este proceso fallido se actuó con cinismo, buscando siempre excusas y decalificaciones para los interpelantes, lo que evidencia que la democracia en el Ecuador ha perdido uno de sus valores: la indepedencia de las funciones del Estado.
Tema aparte es la actuación de algunos asambleístas. Por ejemplo, César Rodríguez, quien en Montecristi actuó sin descanso hasta conseguir que se tumbara la Corte Suprema de Justicia, hoy no se dio tregua hasta conseguir llevar al limbo el juicio al fiscal. La actuación de la asambleísta Pamela Falconí, quien hasta la víspera de la votación estaba del lado de los acusadores y que cambió de opinión luego de haber recibido una llamada en su celular, muestra de cuerpo entero la ausencia de ética en la política ecuatoriana. Y qué decir de Silvia Salgado, quien, apelando a una fraseología confusa, ha logrado esquivar todo cuestionamiento a su dubitativa actuación cuando la única verdad es que actuó desde el inicio de proceso pata evitar que el proceso vaya al Pleno. El fallido juicio político ha sacado los cueros del oficialismo al sol, dejando al descubierto que su revolución no solo que nació fallida, sino que su comportamiento es de la nueva partidocracia en el poder
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