Por León Roldós
Mientras el presidente Correa declara “Lo digo con orgullo: que la corrupción no ha calado en las altas esferas de gobierno”, de su gobierno y su movimiento País fluyen los derrames de estiércol.
Para la anécdota. Orgullo, en el Diccionario de la Real Academia, se define como: “arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas”.
En el caso particular no hay tales causas nobles y virtuosas y la responsabilidad de la corrupción es de Correa en primera persona.
Los contratos petroleros y entre estos el insignia de la corrupción, el de Ivanhoe, por el que se entregó a ese membrete el bloque 20 de importantísima riqueza petrolera, a 30 años y con costos indexados por ese tiempo, se originaron en órdenes presidenciales y fueron suscritos por funcionarios –entre ellos oficiales de la Fuerza Naval- que no tuvieron la dignidad de oponerse a tales órdenes, a pesar de las advertencias de los profesionales y técnicos de la empresa petrolera.
Hoy lo de mayor publicidad es la confrontación del llamado grupo Ruptura 25 y algunos asambleístas agregados contra el Fiscal, protegido desde Carondelet y otro sector de asambleístas, todos, unos y otros, amamantados políticamente en el regazo de Correa.
Desde la Asamblea de Montecristi, primer semestre del 2008, se hicieron evidentes las diferencias entre los de Ruptura y el Fiscal, lo que se agravó cuando este último se enfrentó al proyecto de Código Orgánico de la Función Judicial del ministro Jalkh y Ruptura, febrero y marzo del 2009. Entonces Pesántez ya insinuó ilícitos de la familia de María Paula Romo y el interés de su grupo de controlar la Fiscalía.
Correa fue solidario con su compañero de Bélgica, pero como lo fundamental para los asambleístas era ser reelectos en abril del 2009 y seguir en el regazo presidencial, se tragaron el veneno que hoy aparece en las acusaciones contra el Fiscal.
No se trata de una fiscalización virtuosa, cuanto más que ahí aparecen autores, cómplices y encubridores de las alteraciones y la falsificación del texto constitucional de Montecristi, protegidos por el Fiscal, cuando la Fiscalía desestimó, a pesar de las evidencias, la denuncia sobre tales ilícitos penales.
Lo anterior no significa que aquello debe llevar a ignorar testimonios y hechos evidenciados.
De ser ciertas las acusaciones contra el Fiscal no sólo que este debe ser destituido, sino además enjuiciado penalmente, porque una Fiscalía traficante de la justicia no merece atenuante alguna. Pero aunque haya evidencias en contra, ya Correa liberó de culpa a Pesántez, porque no tiene temor de que por dignidad se distancien los acusadores, ya sabe que por no ser excluidos del regazo presidencial, aun cuando les dé palmeta, se someterán a su voluntad.
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