Por Sebastián Mantilla Baca
No solo afirmo sino también reitero la firme intención que tiene el actual régimen de traer al ‘loco’ de Panamá. Esto es parte del soterrado arreglo al que han llegado Correa y Bucaram. ¿En qué consiste este arreglo? Les explico. Como no era viable tratar la amnistía de Bucaram en la Asamblea -no tanto por la falta de votos sino por el impacto político que podría ocasionar- la salida fue la Corte Constitucional. Corte que, sea dicho de paso, es ilegítima porque sus miembros se autonombraron y extendieron en funciones de manera ilegal. Para nadie es extraño que todos los poderes del Estado están en manos de Correa. La Corte Constitucional de facto no es la excepción. Para saber cuán controlada está por el Régimen es necesario revisar sus fallos y constatar también quiénes la conforman. Por ejemplo, su presidente, Patricio Pazmiño, tiene vínculos desde hace tiempo con Gustavo Larrea, ex subsecretario de gobierno del señor Abdalá Bucaram Ortiz. ¿Más claro qué? Incluso el señor Pazmiño fue parte de la terna que propuso Correa en 2007 para conformar el Tribunal Constitucional. Si esto no es nada nuevo, ¿cuál es entonces la preocupación? Que la Corte Constitucional, al aceptar el pedido de Bucaram, va a declarar nulos los juicios por peculado ‘Mochila Escolar’ y ‘Gastos Reservados’.De acuerdo al art. 429 de la Constitución, la Corte Constitucional tiene la atribución de conocer y pronunciarse en última instancia -sin posibilidad de revisión- en recursos extraordinarios de protección. En realidad el recurso extraordinario de protección presentado por Bucaram ante la Corte Constitucional es improcedente. Digo que todo esto es improcedente y viciado en origen porque uno de los requisitos para que la Corte Constitucional pueda acoger un pedido de acción de protección es que exista un fallo o una sentencia en firme de las causas en cuestión. Para el caso de Bucaram, en ninguno de sus dos juicios existe una sentencia. Además, si hubiese sentencia, debería haber dos pedidos de acción extraordinaria y no, como ahora ha pasado, un pedido para dos juicios. Otra ilegalidad.Lo que estamos viendo es un ejemplo claro de abuso del recurso de protección. La Corte Constitucional no procede apegada a derecho. No solo por los argumentos antes anotados sino porque -si fuera legal el pedido de Bucaram- se podría pedir una revisión del fallo pero no la nulidad de todo el proceso.Después de las escandalosas e inaceptables actuaciones de ciertos jueces del poder Judicial, qué pasa con la Corte Constitucional. Llegó la hora del regreso del loco. ¿Acaso el binomio Correa-Bucaram no es tan repugnante?
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