Opinión de Diario HOY
Hoy se posesiona el Consejo de Participación Ciudadana y control Social.
Nada detuvo el cuestionado proceso para constituir el llamado Quinto Poder:
ni las denuncias de irregularidades,
ni las impugnaciones,
ni la demanda constitucional para anular o declarar desierto el controvertido concurso.
Ya se había previsto, desde la creación del Quinto Poder con la Constitución de Montecristi, el riesgo de que la participación ciudadana sea instrumentalizada por el gobierno de turno.
Ese es el previsible destino de una participación cooptada por el Estado, cuando en realidad la participación pasa por el favorecer el desarrollo, fortalecimiento y vida autónoma de las organizaciones de la sociedad civil y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Los resultados se hallan a la vista:
de los siete vocales principales del Consejo,
tres tienen vínculos cercanos con el ministro Ricardo Patiño,
otro se declara partidario del presidente de la República,
dos vocales han sido activos militantes de la FEUE y próximos al MPD,
uno más tiene afinidad con Sociedad Patriótica.
Todo ello pone en duda la independencia,
"despartidización"
y representatividad ciudadana del Consejo.
Sin embargo, una de las justificaciones para crear el Consejo de Participación Ciudadana fue cortar el cordón umbilical con los partidos políticos al elegir autoridades como contralor y procurador del Estado,
fiscal de la Nación,
defensor del Pueblo
y los superintendentes.
Esos funcionarios eran nominados por el Congreso, entre encarnizadas luchas de los grupos políticos.
La "despartidización" se halla en duda con un organismo integrado por una mayoría afín al Gobierno.
El Consejo elegirá también al Consejo de la Judicatura que deberá llevar adelante el concurso para la elección de nuevos magistrados de la Corte Nacional de Justicia y tendrá también a su cargo el Consejo la elección de los vocales del Consejo Nacional Electoral.
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