Por Enrique Ayala Mora
Debía abrir la cuenta de una institución cultural de la que soy representante legal. Cuando me acerqué personalmente al banco en Ibarra, la atenta encargada me indicó que debía llenar un formulario de información sobre mis ingresos, propiedades, deudas, egresos, etc. Cuando con cara de resignación me dispuse a hacerlo, la compadecida funcionaria me dijo que tenía en su pantalla todos mis datos y que iba a imprimirlos para que pusiera mi firma al pie.
Le pregunté si era tan fácil que una funcionaria de cualquier ciudad pudiera tener en su pantalla datos que había entregado bajo estrictas normas de confidencialidad. Me indicó que, efectivamente, mis datos estaban disponibles para consulta abierta al personal del banco. No pude contener mi airada protesta y me retiré furioso, dejando confundida y al borde del llanto a la empleada, que no entendía mi reacción ante su acto de comedimiento y eficiencia.
Hace pocos días recibí una llamada de un atento caballero que se identificó como funcionario de un importante banco, para transmitirme, según él parecía creer, la buena noticia de que su institución me “había aprobado” la concesión de una tarjeta de crédito con amplias ventajas.
Me permití manifestarle que mal podría haberse aprobado una tarjeta de crédito a mi nombre, ya que yo no la había solicitado. Aún más, le indiqué que no tenía cuenta en su banco.
Sin desanimarse me indicó que no hacía falta que fuera cliente de su institución para tener la tarjeta y que no hacía falta mi solicitud, puesto que ellos tenían conocimiento de mis datos económico-financieros y creían que sería un muy buen miembro del círculo de socios la ofrecida tarjeta.Ante su respuesta, le dije que no sabía cómo habían obtenido mis datos, puesto que nunca me habían pedido autorización. Volvió a la carga explicándome que los bancos del país compartían la información sobre sus clientes y que por ello tenían mis datos sin que los hubiera yo entregado o autorizado su uso.Mi reacción fue, lo confieso, enérgica y le dije al señor que me había llamado a informarme que su banco y él cometían una grave irregularidad que violaba mis derechos constitucionales y legales. Cerré el teléfono.
Supongo que muchos lectores podrán contar historias parecidas. Y habrán tenido ganas de protestar por lo que es un claro atropello a la privacidad y una grave violación de la Constitución y de una ley que está en plena vigencia. Es un atropello que los propios empleados de los bancos le digan a uno que, sin autorización expresa, usan indebidamente información confidencial entregada bajo expresas condiciones de protección de los datos, para hacer su negocio.
¿Qué dirán la Superintendencia y la Asociación de Bancos?
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