Por Editorial Diario El Comercio
Las desconcertantes declaraciones presidenciales respecto al caso Chauvín sembraron nuevas inquietudes: si a las disculpas ofrecidas por el Primer Mandatario a José Ignacio Chauvín se suman extraños movimientos de fichas en la Policía Nacional, es hora de que los ecuatorianos estén atentos para exigir a las más altas autoridades del Gobierno la mayor transparencia en el esclarecimiento de este preocupante episodio.El proyecto de la “revolución ciudadana”, que emergió sobre las cenizas de una forma caduca de entender la política, tiene, en teoría, un objetivo fundamental: reconstruir la nación dejando atrás la corrupción y la impunidad, porque estas han sido parte esencial de los grandes males del Ecuador y de quienes han manejado los hilos del Estado.Pero ese discurso ideológico se estrella con la realidad. Resulta insólito, por ejemplo, que en el ‘Congresillo’ los asambleístas de mayoría cierren ojos y oídos al clamor nacional de que se indaguen los supuestos vínculos entre narcotraficantes, terroristas y funcionarios públicos de alto nivel con acceso a información privilegiada.De parte del ex Ministro de Seguridad también se esperaría una actitud patriótica y sincera: si no tiene nada que ocultar, debería presentarse ante el agente fiscal para rendir cuentas a la sociedad y desvirtuar cualquier sospecha. Según el discurso oficial vigente, el país requiere una nueva ética política como fundamento del profundo cambio anunciado. Pero esa ética tiene directa relación con la limpieza de procedimientos y el juego limpio, en especial cuando una larga sombra de duda pone en riesgo la pulcritud de la gestión gubernamental.
Las desconcertantes declaraciones presidenciales respecto al caso Chauvín sembraron nuevas inquietudes: si a las disculpas ofrecidas por el Primer Mandatario a José Ignacio Chauvín se suman extraños movimientos de fichas en la Policía Nacional, es hora de que los ecuatorianos estén atentos para exigir a las más altas autoridades del Gobierno la mayor transparencia en el esclarecimiento de este preocupante episodio.El proyecto de la “revolución ciudadana”, que emergió sobre las cenizas de una forma caduca de entender la política, tiene, en teoría, un objetivo fundamental: reconstruir la nación dejando atrás la corrupción y la impunidad, porque estas han sido parte esencial de los grandes males del Ecuador y de quienes han manejado los hilos del Estado.Pero ese discurso ideológico se estrella con la realidad. Resulta insólito, por ejemplo, que en el ‘Congresillo’ los asambleístas de mayoría cierren ojos y oídos al clamor nacional de que se indaguen los supuestos vínculos entre narcotraficantes, terroristas y funcionarios públicos de alto nivel con acceso a información privilegiada.De parte del ex Ministro de Seguridad también se esperaría una actitud patriótica y sincera: si no tiene nada que ocultar, debería presentarse ante el agente fiscal para rendir cuentas a la sociedad y desvirtuar cualquier sospecha. Según el discurso oficial vigente, el país requiere una nueva ética política como fundamento del profundo cambio anunciado. Pero esa ética tiene directa relación con la limpieza de procedimientos y el juego limpio, en especial cuando una larga sombra de duda pone en riesgo la pulcritud de la gestión gubernamental.
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