Por Gonzalo Ruiz Álvarez
El país presenció una nueva parodia esta semana que terminó con el aplazamiento del plazo para la integración del Consejo de Participación Ciudadana, lo que parece sensato visto lo ocurrido días atrás y más allá del mandato que los propios diputados constituyentes se dieron en el artículo 29 del Régimen de Transición por el cual tenían 15 días para iniciar el trámite de su conformación.Hoy el poder ya no se divide y equilibra entre los poderes clásicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) sino que gracias a la novedosa visión de la revolución ciudadana ahora se suman los poderes Electoral y de Participación Ciudadana, con toda una curiosa teoría participativa detrás
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Los principios que se observan y determinan para el propio Consejo es lo primero que se ha desbaratado en el enredado mecanismo para la selección temporal de los miembros temporales de dicho Consejo, que solamente tendrán la tarea de redactar la ley. Lo primero que raya en el absurdo es el cuestionario (el viernes se publicó en Diario Hoy). Léanlo y juzguen ustedes, lectores, su pertinencia, profundidad e inteligencia.
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Lo segundo que fue público es el absurdo de la calificación que incluso dio a un favorecido 52 puntos sobre un total de 50 (¿que dirán los profesores de matemáticas de los que formularon dicho esperpento?). Luego vino el proceso de impugnación las famosas ‘veedurías’ cuya fantochería en algunos casos llegó a evidenciar que eran montadas para garantizar el ingreso de ciertos candidatos al Consejo.Y más allá de eso está el rompimiento de las normas elementales de la propia Carta Magna, que el país debe haber contemplado absorto.
Los arts. 61, 62 y 100 de la Constitución nos hablan de los derechos políticos y de participación. Son derechos que, según la propia carta fundamental, son igualitarios para todos. Se impide la discriminación, pero se la alimenta desde el mismísimo párrafo siguiente (art. 11, numeral 2, inciso 3°). Se presume que son igualitarios, pero el propio texto evidencia contradicciones cuando asegura la aplicación de la discriminación positiva cuando dice: “El Estado adoptará medias de acción afirmativa”. Esta es otra de las tantas contradicciones que no advirtieron a tiempo los levantabrazos de Montecristi.Condenamos el pasado donde la componenda y la corrupción se cargaron las instituciones. Tampoco aceptamos la vergonzosa parodia del presente.
Artìculo completo: http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=249721&id_seccion=1
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