Redacción Política
El proyecto de ley otorga al Consejo de Comunicación e Información una “enorme concentración de poderes para un solo organismo estatal, que no tiene una independencia clara del Gobierno, y con facultades muy amplias, discrecionales y laxas que podrían convertirse en restricciones a derechos fundamentales”.
Esa es una de las preocupaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Tecnología (Unesco) sobre el proyecto de ley de Comunicación que se discute en la Asamblea Nacional. En un amplio documento, de 122 páginas, Gustavo Gómez Germano (uruguayo, especialista en marcos regulatorios y políticas públicas sobre comunicación), identifica vacíos, contradicciones, violaciones a la legislación internacional, aciertos... sobre 22 temas incluidos en el proyecto.
El documento de la Unesco fue redactado antes de que la mayoría de la Comisión de Comunicación presentara el informe para primer debate. Sin embargo, después de que se hiciera el pedido a la Unesco, la Comisión siguió trabajando en el diseño del proyecto de ley, cuyo texto fue presentado el sábado 21 de noviembre. No obstante, las observaciones coinciden con la mayoría de los planteamientos que constan en el documento final. Un tema que preocupa es el Consejo de Comunicación, sus facultades e integración. Al nuevo organismo -destaca el estudio- le asignan más atribuciones que las que el propio articulado define como su finalidad: velar y contribuir al ejercicio del derecho a la comunicación.
“Tiene también funciones de aplicación, de reglamentación, de fiscalización y de sanción”, señala el documento.
Según las observaciones del especialista de la Unesco, los asuntos más inadecuados se refieren a la expedición de registro habilitante para el funcionamiento de medios y su posible cancelación, incluso de medio escritos, y la evaluación y eventual sanción por considerar que periodistas, medios o cualquier persona a través de los medios difundieron información que no sea considerada “veraz” por el Consejo.
También cuestiona la forma en la que se integrará el Consejo, con participación de representantes del Gobierno y de la sociedad civil nombrados mediante concursos. Es inadecuado que los delegados del Gobierno mantengan funciones en él, apunta.La Unesco destaca positivamente la mención de que el organismo de control tenga autonomía administrativa y financiera.
Sin embargo, sugiere que “debería mencionarse expresamente su independencia política y jerárquica del Gobierno, en materia de decisiones, sin lo cual no se garantiza la independencia real”. El llevar el registro de los medios, que se propone en la iniciativa del oficialismo, también conlleva peligros, según la Unesco.
“En los hechos, esta función va más allá, a la luz de otros artículos ya comentados, ya que no se trataría de un simple catastro, sino que por los antecedentes del debate y los proyectos previos el Consejo podrá establecer condiciones previas para su funcionamiento, en especial de los medios impresos”, observa el informe.
También califica como “especialmente sensible” la posibilidad de sancionar a los medios y a los periodistas. Otro aspecto analizado es el que tiene que ver con la censura previa.
Aunque el proyecto de ley de la mayoría afirma que “el ejercicio del derecho a la libertad de expresión... no está sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales vigentes”, Gómez Germano considera que no es conveniente dejar abierto el artículo con el condicionante “salvo los casos establecidos en la Constitución y los tratados internacionales vigentes”. Su argumento: hay contradicción y esa disposición es muy laxa, se pudieran incluir una serie de instrumentos, relacionados o no con los derechos humanos.
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