Por Carlos Vera Rodríguez
Una ciudadana presentó cuestionamientos y sospechas –sin mayor argumentación y ninguna prueba- de que sondeos de opinión en dos programas de TV atentaban contra la honra de las personas.
Una ciudadana presentó cuestionamientos y sospechas –sin mayor argumentación y ninguna prueba- de que sondeos de opinión en dos programas de TV atentaban contra la honra de las personas.
El Conartel, ipso facto, sin más trámite, emitió una resolución contra esa libertad de expresión. Rápido. Fácil. No me llamaron a responder dudas o refutar objeciones. Nada. Son los nuevos dioses del Olimpo. Para colmo, se equivocaron de programa en el caso de Teleamazonas, pues Jorge Ortiz no hace encuestas, como le llaman ‘Torquemada y Cía’, durante ‘Hora 7’, sino Bernardo Abad, en el espacio anterior. Por eso, la respuesta de ese canal fue inmediata y simple, los hizo quedar en ridículo. ¡Evidenció su precipitación y carencia de sustento! ¿A las radios y canales que sacan al aire sondeos adversos a los críticos del oficialismo les pidieron lo mismo?
Allí no quedará la nueva escaramuza del Conartel contra las opiniones disímiles a su jefe y quienes contrarían sus visiones. Ya antes los sumisos capitaneados por Yunda y su combo consideraron violación legal la información que transmitió Contacto Directo, y luego repitieron Televistazo I y Televistazo II: oficiales de Marina, en un cuartel guayaquileño, relataron presiones políticas para los ascensos.
A los censores disfrazados de reguladores se les ocurrió que aquello atentaba contra la intimidad familiar o la privacidad de las personas. Abrieron un proceso.
De ratificar ellos la infracción, la sanción era una multa de USD 90, más suspensión de transmisiones durante 90 días por reincidir.
Amenazaron con definir a la emisión matutina de esa noticia como la primera falta y a la del mediodía, como reincidente. ¡Bingo! Dos delitos en un solo día. A callarse. Y a quebrar la empresa que no callaba al crítico delGobierno porque los militares tampoco callaron sus inconformidades ventiladas en una institución pública, en un recinto naval, albergue de esa discusión sobre un hecho público.
Bajo la palabreja “requerir” y el pretexto de regular, lo que hace el Conartel es prohibir. Basta leer con inteligencia la resolución. ¿Cómo saber si una pregunta no atenta contra la honra de alguien? Solo sometiéndola previamente al Conartel y a sus criterios correístas de moral. Lo otro es el riesgo de seguir con independencia hasta que se les vire el hígado o se les harte la paciencia. A esas subjetividades estamos sujetos. Se ponen alertas cuando alguien ataca al emperador, pero ignoran acusación sin pruebas de violador de menores contra un médico. Y no le piden antes el discurso al insultador. Ni sancionan a los medios defensores de la difamación. ¿O eso no atenta contra la honra? Con arpías no hay más opción que rebelarse. Y no acatar sus mañoserías. Es suicida que la prensa crítica e independiente no haya sido unánime en este caso. Nos bastamos los que estamos.
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