Joffre Campaña Mora
El presidente Rafael Correa acaba de llamar fuertemente la atención al ministro Jorge Marún por la demora en la rehabilitación de la red vial del país. Sin embargo, hay otros temas que ameritan no solo un llamado de atención, sino la adopción de medidas radicales para combatir la corrupción. El país espera que tanto el Presidente como el ministro Marún adopten correctivos de este tipo.
Para muestra un botón. Mediante memorando 3391 SOPC de 16 de mayo de 2008, es decir, de hace pocos días, el subsecretario de Obras Públicas, Ing. Rafael Pezo, puso en conocimiento del ministro Marún que las bases de calificación de firmas consultoras para la realización de estudios definitivos para la vía Santo Domingo-Jujan no fueron conocidas por la Dirección de Estudios Viales del Ministerio y que desconocía su procedencia, lo cual es sumamente grave. Pero, lo que ya constituye una atrocidad es que en el mismo documento, el Subsecretario señale que el costo referencial que consta en las bases “representa un costo excesivo de 5 a 7 veces respecto del promedio referencial que normalmente se utiliza en el Ministerio…”. Según este cálculo, los estudios podían costar como máximo 3’510.000 dólares y no los 17’564.200 dólares que constan en las bases “descubiertas” por el subsecretario Pezo.
¿Quién ordenó que se preparen estas bases?, ¿quién o qué empresa las preparó?, ¿quién iba a responder por el perjuicio al Estado si el ingeniero Pezo no tenía la acuciosidad de revisarlas?, ¿se hubiera contratado la consultoría con un enorme sobreprecio?
Estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Alguien tiene que responder. Lamentablemente, en la actualidad, situaciones similares quedan en nada y, por el contrario, los responsables son hasta aplaudidos. ¿Ya nos olvidamos de que el asambleísta de Alianza PAIS, Ing. Julio Chactong, fue denunciado por el asambleísta Galo Lara, por gestionar cargos públicos, lo cual constituye una grave falta que merecía el debido juzgamiento administrativo? Sin embargo, ¿en qué terminó el caso? Únicamente en la renuncia y retirada entre aplausos del asambleísta cuestionado.
Pero volvamos al MOPT. Pocas empresas ecuatorianas buscan ganar la fiscalización del puente sobre el río Babahoyo. ¿Por qué pocas? Porque las bases exigían experiencia en la fiscalización de este tipo de puentes, de los cuales, en el Ecuador, únicamente hay uno, el Rafael Mendoza Avilés. Como se recordará, este contrato mereció serios cuestionamientos a la constructora Andrade Gutiérrez, sin que se haya cuestionado a las que lo fiscalizaron, una de las cuales incluso fue severamente responsabilizada por la Función Judicial, en el recordado caso de las defensas de APG (Autoridad Portuaria de Guayaquil), sin que se hayan iniciado, hasta ahora, los juicios para hacer efectiva su negligencia.
En definitiva, la licitación para el puente Babahoyo está dirigida a las cuatro empresas que conforman la asociación que fiscaliza el Rafael Mendoza y a las que pudieran asociarse a ellas.
Por desgracia, hay serios cuestionamientos a esta licitación, al punto de que incluso el Subsecretario de Vialidad habría contestado oficios inexistentes relacionados con autorizaciones para cambiar personal técnico, a efectos de que alguna de las empresas concursantes logre completar los requerimientos para el nuevo puente.
A alguien le preocupa en serio la corrupción?
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