Tatiana Ortiz Tarira
El 28 de mayo se celebró el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, fecha que nos convoca a hacer público que la vida y salud de las mujeres ecuatorianas están amenazadas, si los autodenominados grupos pro vida logran plasmar en la nueva Constitución sus pretensiones.
En los últimos meses en el marco de la Asamblea Constituyente nos hemos visto expuestos a una serie de mensajes y juicios a favor de la vida desde la concepción, por encima de cualquier circunstancia que diera lugar a ese embarazo y sin considerar ninguna implicación o riesgo para la vida y salud de la mujer.
Un ejemplo de esto es el embarazo ectópico, es decir el desarrollo de un embarazo fuera del útero, generalmente en las trompas de falopio, lugar en el que un embarazo no puede desarrollarse más allá de las 8 semanas en el mejor de los casos, pues la trompa irremediablemente se rompe produciendo una hemorragia abdominal que puede llevar a la muerte a la mujer si no recibe atención inmediata y adecuada.
El embarazo ectópico no es casual, una muestra de pocos hospitales públicos del país en el año 2007 indica que alrededor de 400 mujeres ingresadas con este diagnóstico pudieron salvar su vida gracias a una cirugía de emergencia. Entre el año 2005 y 2007 en la maternidad Enrique C. Sotomayor, de Guayaquil, más de 1.000 mujeres ingresaron con este diagnóstico. Salvar la vida de estas mujeres fue posible gracias a que nuestro Código Penal contempla la causal de aborto terapéutico.
Si se elimina la causal de aborto terapéutico como pretenden estos grupos, la vida de estas mujeres no hubiese podido ser salvada y hubieran muerto, lo cual hubiese significado un gran impacto sobre la vida de sus otros hijos, familias y sociedad en general. Situación que ya está ocurriendo en Nicaragua, donde estos grupos pro vida y la Iglesia católica presionaron al Gobierno a eliminar el aborto terapéutico y ya se han registrado muertes de quienes no pudieron ser intervenidas quirúrgicamente para salvarles la vida.
Otra pretensión de estos grupos es eliminar de las políticas públicas de salud del país, el acceso a la anticoncepción de emergencia que puede permitir a las mujeres ecuatorianas prevenir un embarazo producto de una violación. Se oponen en general a todos los métodos anticonceptivos e incluso a la educación sexual.
Recordemos que para ellos todos los métodos anticonceptivos son abortivos, y de manera particular la anticoncepción de emergencia a pesar de las evidencias científicas de que no lo son y que solo previene el embarazo.
Eliminar el acceso a la anticoncepción de emergencia y en general a los anticonceptivos dará como resultado mayor número de embarazos no deseados, aborto en condiciones de riesgo y por tanto, mayor número de muertes maternas, hijos en orfandad.
La nueva Constitución ecuatoriana debe garantizar un marco legal que impida la eliminación del aborto terapéutico, el acceso a los anticonceptivos y a la educación sexual.
Un Estado de Derecho debe legislar independientemente de toda presión religiosa
* Doctora en Ginecología
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