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miércoles, 23 de septiembre de 2009

Dos + dos = cuatro

Por León Roldós
¿Tiene usted la certeza de que 2 + 2 = 4? Igual certeza debe tener que la Constitución promulgada el 20 de octubre de 2008 fue adulterada.
En la forma: el 24 de julio de 2008, no se votó el texto del proyecto de Constitución del informe de esa fecha de la Comisión de Redacción, sino que ante el reclamo de los asambleístas del Movimiento País que no tenían el texto definitivo, se consideró el que luego se recibió, pero en lo que no contradiga lo aprobado en los segundos debates y en las reconsideraciones expresas de la sesión del 18 y 19 de julio.
En confesión judicial de 12 de noviembre de 2008, el Secretario de la Asamblea admite que el texto constitucional del acta de la sesión del 24 de julio que concluyó a las 21:51 de la noche ingresó a las 22:34 de la noche con versión diferente a las anteriores, o sea 43 minutos después de que había concluido la sesión.
Lo de fondo: las alteraciones orientan acciones dolosas del Gobierno. La Constitución, igual que las anteriores, obligaba al Ejecutivo enviar a la Asamblea todos “los tratados y otros instrumentos internacionales” que en la prelación del orden jurídico están sobre las leyes nacionales. La Asamblea en 10 días los llevaba a votación o su silencio permitía su ratificación y vigencia. En la última versión, le limitan la competencia de la Asamblea a “los tratados internacionales”, aun cuando quedan por encima de las leyes “los otros instrumentos internacionales”. Por eso los partos múltiples de convenios regalones con Irán, Venezuela, Argentina, China y otros, que ni se publican en el Registro Oficial y están por encima de las leyes. En la vida constitucional del país, los contratos de las entidades estatales con empresas extranjeras celebrados en el Ecuador se sometían a las normas procesales y a la jurisdicción ecuatoriana. En la Constituyente se denunció que para evadir la norma, los neoliberales iban a Nueva York a firmar los contratos. Se eliminó el limitante de “celebrados en el Ecuador” y se generalizó que todos los contratos entre entidades estatales y empresas extranjeras se sometían a los procedimientos y a la jurisdicción ecuatoriana, salvo convenciones arbitrales regionales. Se alteró la Constitución, eliminando la norma. En el mayor atraco petrolero del Ecuador, la entrega del bloque 20 a Ivanhoe, por 30 años, con todos los incrementos de costos futuros garantizados por el Estado ecuatoriano, se fabrica un sui géneris procedimiento arbitral en París, para el caso específico. En el ilícito crédito de Petrochina USD 1 000 millones, colateralizado y pagadero en petróleo en 24 dividendos, el último a dos años, la jurisdicción se pacta en la Cámara de Comercio de Argentina. Los de País negarán las adulteraciones. Se explica: así mantienen ‘el camello’.

martes, 18 de noviembre de 2008

martes, 14 de octubre de 2008

Los del izquierdismo infantil responden a Correa con presiones

Los cuestionamientos del presidente de la República, Rafael Correa, sobre ciertos grupos sociales, movimientos indígenas, ecologistas y estudiantes universitarios a quienes acusó el sábado de practicar una “izquierda infantil”, enfriaron las relaciones entre las dos partes.
Pese a que estos sectores promovieron, junto al Gobierno, el Sí para el referéndum, marcan distancia tras las declaraciones del Jefe de Estado.
Los estudiantes universitarios fueron los primeros en responder al Presidente, al anunciar que desde el 22 de octubre empiezan las marchas para hacer que se cumpla la gratuidad de la educación, contemplada en la nueva Carta Magna.
Al referirse al tema en su última cadena, correa habló de “seudogrupos de izquierda... es mucho más peligrosa que la derecha, que utiliza el nombre de izquierda pero tiene comportamientos soberbios”.
El conflicto con los universitarios surgió porque la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Social calculó en 46 millones de dólares el monto que el Gobierno deberá reponer a 70 centros educativos. Esta cifra difiere con los cálculos del Consejo Nacional de Escuelas Superiores y Universidades Politécnicas del Ecuador que maneja una cifra superior a los 120 millones de dólares.
Eduardo Delgado, ex candidato presidencial, está organizando a ciertos grupos de ecologistas e indígenas para una movilización con el objetivo, según él, de defender el medio ambiente. Los ecologistas mineros defienden su derecho a evitar que compañías extranjeras como I’m Gold afecten sus fuentes de agua. La Conaie también se movilizará para que se aplique la nueva Constitución. (PVL)
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Universitarios alistan marchas provinciales
La relación entre los universitarios y el Gobierno entra en una etapa crítica. La entrada en vigencia de la educación gratuita en el nivel superior y el presupuesto que se requerirá para su ejecución, son los motivos.Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, se necesitaría $ 46 millones para financiar a 70 universidades. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) afirma que el rubro es de $ 120 millones (el Consejo Nacional de Escuelas Superiores y Universidades Politécnicas lo cifró en $ 180 millones). A raíz de esas diferencias, el presidente Rafael Correa acusó a los alumnos de promover una izquierda infantil.
Esa expresión le abrió un frente de conflicto al mandatario. Marcelo Rivera, representante en Quito de la FEUE, rechazó el calificativo. “Es injusto, sobre todo porque nosotros hicimos una fuerte campaña a favor del Sí a la nueva Constitución”, dice el dirigente.
Para Sebastián Cevallos, presidente nacional de la FEUE, la gratuidad se debe cumplir apenas la nueva Carta Magna sea publicada en el Registro Oficial. “Ningún estudiante universitario debe pagar a partir del jueves. Hemos estimado el costo de 120 millones de dólares de acuerdo a cifras del Conesup, pero si hay un error de cálculo deben cotejarse”, advierte Cevallos.
¿Si no es así? Cevallos ratifica el anuncio de una movilización nacional. El 18 de octubre se reunirán en Quito para definir la fecha, pero desde ya se prevén marchas provinciales: el 22 en Cotopaxi, el 26 en Esmeraldas y el 30 en Pichincha.“De ver que no hay una posición en firme del Mandatario, los parques, las plazas y las calles serían nuestros puestos de lucha para hacer que se respete la Constitución que él planteó”, advirtió Juan Fernández, presidente de la FEUE-Guayaquil, que, en cambio, apoyó el No.

jueves, 9 de octubre de 2008

¡Qué tomadura de pelo!

Joffre Campaña Mora
Al Presidente de la República y a todos los ecuatorianos
Pretendieron hacernos creer que los problemas con Odebrecht se terminaban ordenando la requisición de los bienes de dicha empresa. Sin embargo, nada hay más alejado de la realidad.
El Decreto Ejecutivo que le hicieron firmar al Presidente el día 23 de septiembre pasado, constituye un monumento a la irresponsabilidad jurídica y una muestra evidente de que el papel aguanta todo.
En el decreto se señala que “se han producido inesperadamente una serie de daños…” en la Central San Francisco, que traerá una crisis energética, “originada por la deficiente labor técnica realizada por el Consorcio Odebrecht-Alstom-Va Tech”; se señala también que una de las integrantes del Consorcio, Odebrecht, “no ha cumplido eficientemente con sus labores” en los proyectos Toachi-Pilatón, Carrizal Chone, Baba y Aeropuerto de Tena y que, por tanto, se declara la “emergencia nacional, con el propósito de superar la emergencia provocada por el progresivo proceso de disminución de eficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica…”, así como “para superar las deficiencias de los proyectos denominados Toachi-Pilatón…”, etcétera. Al mismo tiempo, se ordenó la movilización nacional y la “requisición de todos los bienes muebles e inmuebles…” de Odebrecht, “con la finalidad de emplearlos para superar la emergencia”.
En definitiva, le hicieron creer al Presidente que con la emergencia, movilización y requisición, Odebrecht, una de las cinco compañías más importantes del Brasil, pagaría sus culpas, incluyendo por supuesto, una indemnización. Sin embargo, lo que le hicieron firmar al Presidente es sumamente grave, por lo siguiente:
1.- Porque la emergencia se la puede declarar, según el artículo 180 de la Constitución, única y exclusivamente en caso de una “inminente agresión externa, guerra internacional, grave conmoción interna o catástrofes naturales.” Ninguno de estos supuestos se verifica de la lectura del Decreto Ejecutivo 1348. Pensar que la suspensión de los trabajos de la central constituye una grave conmoción interna, es no entender que los conceptos jurídicos indeterminados deben ser debidamente sustentados y no como en el presente caso, el resultado de un uso acomodaticio o arbitrario del derecho.
2.- Porque sostener que la emergencia grave sirve para superar supuestas deficiencias en la ejecución de contratos, no solo que es jurídicamente insostenible, al tenor del artículo 180 referido de la Constitución, sino que es hasta risible. El decreto adolece de un vicio de motivación, que provoca su nulidad absoluta.
.- Porque según lo ordena el artículo 75 de la Ley de Seguridad Nacional, “Toda requisición da derecho a una indemnización por parte del Estado, equivalente al justo valor del servicio de los bienes o a su precio según el costo estimado al momento de ser requisados”. Como consecuencia de la terminación de facto de los contratos “Toachi-Pilatón”, “Carrizal Chone”, “Baba” y “Aeropuerto de Tena”, no solo que habrá que indemnizar según lo dispuesto en el artículo 75 citado, sino por el daño emergente y el lucro cesante, al tenor de lo que dispone el Código Civil.
Después de esto, ¿alguien duda de que nos tomaron el pelo a todos? Francamente, pensé que era más difícil burlarse del Presidente.

¿Olvido de ley?

La columna de Bonil / 9 de octubre del 2008

Corte cortada

Rafa