Agosto 14, 2008
QUITO
Espionaje.
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El funcionamiento de una oficina permanente de vigilancia electrónica (espionaje telefónico), cuyo proyecto fue elaborado por la Policía Nacional, tuvo el aval del mandatario, Rafael Correa; del ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea; y, de las autoridades de la Procuraduría, Función Judicial y del Ministerio Público.
Según el informe, elaborado y suscrito por el secretario de la Asamblea Constituyente en receso, Francisco Vergara, el proyecto busca dar aplicabilidad al artículo 155 del Código de Procedimiento Penal.Dicha norma otorga a los jueces penales la facultad para autorizar a los fiscales la intercepción y registro de las conversaciones telefónicas o de otro tipo, cuando lo considera indispensable para impedir la consumación de un delito o para comprobar la existencia del mismo.
Mientras tanto, el ex presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (PAIS), opinó que este tipo de intercepción debería darse solo cuando exista un pedido de un juez, dentro del debido proceso. “Ese tipo de iniciativas me incomodan, me molestan”, dijo
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