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miércoles, 12 de agosto de 2009

Expectativas y dudas tras el discurso

Un día después de la posesión presidencial, la calma volvió a Carondelet. Solo los turistas alteraron la poca actividad que hubo ayer en la sede del Gobierno. Del Jefe de Estado se supo que se dedicaba a sus actividades personales. Mientras tanto, el discurso que pronunció en el Pleno Legislativo el lunes, durante su posesión presidencial, generó reacciones en diversos sectores.
Las ofertas salariales, la ampliación de servicios básicos, la cobertura social, la banca y el tema de la soberanía fueron destacados por analistas, periodistas y especialistas.Algunos piensan que equiparar el salario con el monto que se necesita para acceder a la canasta familiar no se concreta con solo anunciarlo. Según dicen, se deberían realizar más reformas legales. También plantean que el acceso a los bonos de Vivienda y de Desarrollo Humano, aunque ha mejorado, no son suficientes.
Entonces, ¿qué esperar para los próximos cuatro años de Gobierno de la revolución ciudadana y qué tan reales son las propuestas que Rafael Correa hizo frente a los ecuatorianos el 10 de agosto?
Cinco analistas y dirigentes opinan al respecto. Ellos coinciden en que uno de los ejes de este mandato deber ser es el respeto irrestricto a la Constitución y la vigilancia y el control político.

viernes, 15 de mayo de 2009

Despejar dudas y temores

Por Editorial Diario El Comercio
Pese a los esfuerzos personales que hace el director del Servicio de Rentas Internas (SRI) para despejar las dudas y los temores que suscita la obligatoriedad de hacer la declaración patrimonial para quienes poseen bienes sobre los USD 200 mil dólares, un considerable número de ciudadanos se mantiene en incertidumbre acerca de los verdaderos propósitos gubernamentales.El funcionario ha reiterado que el único objetivo de la declaración patrimonial es que el SRI cuente con una base de información que sirva para cruzar datos y evitar el enriquecimiento ilícito o la evasión del pago de impuestos. Sin embargo, prestigiosos abogados y analistas argumentan que se trata de una exigencia contra la voluntad de los ciudadanos y que, por tanto, es una violación a las leyes y un irrespeto a los derechos humanos.
El debate prosigue y aún queda mucho por exponer y discutir, sin embargo, la intensa polémica que suscita el tema evidencia que el Gobierno y el SRI no encuentran una manera de despejar las sombras y las suspicacias que despertó la idea desde que fue formulada.
La actitud confrontativa y el tono revanchista del discurso oficial es uno de los obstáculos para que los contribuyentes acaten la exigencia gubernamental como un proceso de sinceramiento de los ciudadanos frente al Estado. A eso se suma la falta de una adecuada política informativa sobre los fines de la declaración, aunque esto resulte paradójico por la reputación que ha ganado el régimen en su capacidad de comunicar sus lemas, retóricas y proclamas.
Una principal obligación ética de los mandatarios es ser transparentes en sus objetivos.
Si no hay nada que temer con la declaración patrimonial, el deber de quienes gobiernan es despejar todas las inquietudes ciudadanas.

viernes, 3 de octubre de 2008

Preocupa cómo se definirá Participación Ciudadana

La nueva Carta Magna crea otra función: la de Transparencia y Control Social, ‘bautizada’ por el movimiento oficialista PAIS como “cuarto poder”.
Está integrada por todas las autoridades de control y el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Este último será encargado, a su vez, de la designación de esas mismas autoridades; unas a través de concursos públicos, de comisiones especiales de selección o de ternas enviadas por la función Ejecutiva (es el caso del Procurador y los superintendentes).
La ex asambleísta Pilar Núñez (PAIS), que fue parte de la mesa 2 de Participación Ciudadana y Sistemas de Representación, explica que el espíritu de la norma apunta a involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones del país, no solo a través de la participación directa (en elecciones).El Consejo estará conformado por siete miembros elegidos por concurso público de candidatos presentados por las organizaciones sociales y representantes de la ciudadanía.
Dicho concurso lo convocará el Consejo Nacional Electoral (uno de los organismos que conforman la nueva Función Electoral).El ex ministro de Gobierno, Vladimiro Álvarez, cree que el Consejo tendrá “superpoderes” ya que nombra a todas las autoridades mencionadas. Al jurista le preocupa que su integración dependa de los candidatos que presentan “organizaciones sociales” y quiénes serán los “representantes de la ciudadanía”.
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“¿Qué organizaciones sociales, qué ciudadanía son las que van a elegir a los siete ‘superpoderosos’. Actualmente aparecen grupos sociales sin ninguna legitimidad electoral, como los actores políticos que hubo en el referéndum. Por ejemplo, a los miembros de la organización juvenil de los barrios del sur, ¿quién los eligió?, ¿de dónde salieron?”, cuestiona.
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