Hernán Pérez Loose
Es probable que nuestro Augusto, el Supremo, haya quedado sorprendido de
la relativa rapidez que tomó descubrir el origen de su sentencia
favorita. Los avances tecnológicos de hoy en día son ciertamente
sorprendentes, especialmente en el mundo de la informática. Más
sorprendido seguramente quedará a medida que las investigaciones avancen
y más datos vayan saliendo a conocimiento público sobre la génesis de
esa decisión judicial, en adición a los que existen que son de por sí
gravísimos.
En todo caso, pocas dudas quedan a estas alturas que la sentencia que hace millonario a Augusto es el resultado de una práctica de corrupción. No se necesita ser un superdotado de inteligencia para saberlo. Lo importante ahora es que el país sepa si de semejante situación fue oportunamente o no informado nuestro Augusto, el Supremo, o si la secuela de actos ilegales y fraudulentos que produjeron la sentencia se hizo a sus espaldas. ¿Conocía Augusto, el Supremo, que cuando hubo la audiencia de primera instancia los acusados no fueron realmente a una audiencia de juzgamiento, sino de condena, pues, la decisión judicial ya estaba prácticamente escrita?
Y si no lo conocía en ese momento, ¿lo conoció después?, ¿lo conoce ahora? ¿Cuando en definitiva Augusto, el Supremo, se enteró que la sentencia que tanta alegría le trajo en su momento es realmente un fraude? ¿Fue este convencimiento lo que lo llevó hace poco a tildar públicamente a la Corte Provincial del Guayas como la corte más corrupta del país, corte que fue de donde salió la sentencia de los cuarenta millones de dólares?
El Juez regalón no ha entregado el pen drive que usó esa noche a la Fiscalía aún. Y los organismos encargados de velar por la transparencia judicial han asumido la bizarra tarea de sancionar –y de oficio– más bien a los funcionarios que en cumplimiento de mandatos constitucionales y legales dispusieron la entrega de un clon del disco duro. Miren el absurdo: no se sanciona al Juez Regalón, pero sí a los servidores judiciales que colaboraron en descubrir su conducta. Y esta tarea de encubrimiento la lideran precisamente quienes se suponen deben defender la integridad judicial.
Las instancias internacionales han sido nuevamente informadas. Y nuevamente la reacción es de estupor y asombro. Si el mundo recibió con indignación la sentencia de los cuarenta millones de dólares, las revelaciones que han salido sobre su origen –y que seguirán saliendo a pesar de los esfuerzos de ciertos funcionarios para que eso no suceda– serán de doble indignación. (“¿Es así como se ganan los juicios en Ecuador?”). Y es que una
En todo caso, pocas dudas quedan a estas alturas que la sentencia que hace millonario a Augusto es el resultado de una práctica de corrupción. No se necesita ser un superdotado de inteligencia para saberlo. Lo importante ahora es que el país sepa si de semejante situación fue oportunamente o no informado nuestro Augusto, el Supremo, o si la secuela de actos ilegales y fraudulentos que produjeron la sentencia se hizo a sus espaldas. ¿Conocía Augusto, el Supremo, que cuando hubo la audiencia de primera instancia los acusados no fueron realmente a una audiencia de juzgamiento, sino de condena, pues, la decisión judicial ya estaba prácticamente escrita?
Y si no lo conocía en ese momento, ¿lo conoció después?, ¿lo conoce ahora? ¿Cuando en definitiva Augusto, el Supremo, se enteró que la sentencia que tanta alegría le trajo en su momento es realmente un fraude? ¿Fue este convencimiento lo que lo llevó hace poco a tildar públicamente a la Corte Provincial del Guayas como la corte más corrupta del país, corte que fue de donde salió la sentencia de los cuarenta millones de dólares?
El Juez regalón no ha entregado el pen drive que usó esa noche a la Fiscalía aún. Y los organismos encargados de velar por la transparencia judicial han asumido la bizarra tarea de sancionar –y de oficio– más bien a los funcionarios que en cumplimiento de mandatos constitucionales y legales dispusieron la entrega de un clon del disco duro. Miren el absurdo: no se sanciona al Juez Regalón, pero sí a los servidores judiciales que colaboraron en descubrir su conducta. Y esta tarea de encubrimiento la lideran precisamente quienes se suponen deben defender la integridad judicial.
Las instancias internacionales han sido nuevamente informadas. Y nuevamente la reacción es de estupor y asombro. Si el mundo recibió con indignación la sentencia de los cuarenta millones de dólares, las revelaciones que han salido sobre su origen –y que seguirán saliendo a pesar de los esfuerzos de ciertos funcionarios para que eso no suceda– serán de doble indignación. (“¿Es así como se ganan los juicios en Ecuador?”). Y es que una
sentencia como esa no podía tener un origen legítimo en ninguna parte.
Hace pocos días se anunció la entrega de 600 millones de dólares para una gran reforma judicial. Si semejante suma de dinero es para tener un sistema judicial como el que produjo la sentencia de los cuarenta millones de dólares, ¿no creen que sería mejor invertirlos en salud y educación? Después de todo los pen drives son más baratos.
Hace pocos días se anunció la entrega de 600 millones de dólares para una gran reforma judicial. Si semejante suma de dinero es para tener un sistema judicial como el que produjo la sentencia de los cuarenta millones de dólares, ¿no creen que sería mejor invertirlos en salud y educación? Después de todo los pen drives son más baratos.
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