Dejando el infierno

Hernán Pérez Loose


Probablemente no ha habido en la historia judicial del Ecuador, y probablemente del mundo, una querella criminal como la que acaba de concluir con el dichoso “perdón sin olvido”. Todos los expertos académicos –belgas, españoles, argentinos y norteamericanos– que este diario consultó sobre la mencionada querella criminal quedaban estupefactos cuando leían el expediente judicial. No encontraban ningún precedente en la jurisprudencia que de lejos se le acercara. ¿Cómo era posible que haya habido jueces capaces de escribir lo que escribieron, y de haber conducido un proceso en la forma en que lo condujeron?

Creemos que aquello es clave en este caso. No en el hecho de que un político haya querido obtener ochenta de millones de dólares a través de una querella; ni en el hecho de apostar a la toma de un medio de comunicación por imposibilidad de pago; o de simplemente quebrarlo económicamente; ni menos en la pretensión de mandar a la cárcel a sus directivos y a un columnista. Desde los albores de la humanidad han existido cosas como estas.

Al fin y al cabo la lista de políticos que han querido silenciar este diario, intimidar su línea editorial, encarcelar a sus periodistas y hasta eliminar a sus columnistas –como sucedió en la última dictadura militar– es una lista larga. Esos intentos comenzaron al poco tiempo de su fundación, y continuaron por las décadas posteriores. Intentos todos ellos que fracasaron, como fracasó el más reciente. En una sociedad de escasa tradición y cultura democrática como la nuestra estas aberraciones parecen hasta naturales.

Pero lo que sí causa asombro y hasta escándalo –y es lo que los juristas extranjeros no llegaban a comprender– es que haya habido jueces que plasmaron en sentencias una demanda propia de una Banana Republic. ¿Cómo fue posible que haya habido jueces que escriban que el Ecuador no está vinculado ni por los instrumentos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos, ni por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo se pudo condenar civilmente a una sociedad comercial por un delito que no podía cometer, y a unas personas por un escrito que no escribieron, y a un columnista por una opinión sobre un hecho público controversial? Y así por el estilo.

La respuesta está en nuestros juzgados y cortes que, con pocas excepciones, tienen más parecido con un círculo del Infierno de Dante que con un espacio creado para que impere la justicia. ¿En qué parte del mundo que no sea el Ecuador, por ejemplo, se acepta como normal que una de las partes en horas de la noche le entregue al juez la sentencia ya redactada en un pendrive y este se limite a firmarla?

El caso pasa ahora a la justicia internacional para anular el precedente y obtener la reparación de los daños causados. Y que luego el Estado sancione y repita contra los responsables de la infracción internacional. Se terminaron así pues los días felices en que la barbaridad jurídica campeaba.


Publicaciòn de:  http://www.eluniverso.com/2012/03/06/1/1363/dejando-infierno.html

Crimen imperfecto

Hernán Pérez Loose

Es probable que nuestro Augusto, el Supremo, haya quedado sorprendido de la relativa rapidez que tomó descubrir el origen de su sentencia favorita. Los avances tecnológicos de hoy en día son ciertamente sorprendentes, especialmente en el mundo de la informática. Más sorprendido seguramente quedará a medida que las investigaciones avancen y más datos vayan saliendo a conocimiento público sobre la génesis de esa decisión judicial, en adición a los que existen que son de por sí gravísimos.

En todo caso, pocas dudas quedan a estas alturas que la sentencia que hace millonario a Augusto es el resultado de una práctica de corrupción. No se necesita ser un superdotado de inteligencia para saberlo. Lo importante ahora es que el país sepa si de semejante situación fue oportunamente o no informado nuestro Augusto, el Supremo, o si la secuela de actos ilegales y fraudulentos que produjeron la sentencia se hizo a sus espaldas. ¿Conocía Augusto, el Supremo, que cuando hubo la audiencia de primera instancia los acusados no fueron realmente a una audiencia de juzgamiento, sino de condena, pues, la decisión judicial ya estaba prácticamente escrita?

Y si no lo conocía en ese momento, ¿lo conoció después?, ¿lo conoce ahora? ¿Cuando en definitiva Augusto, el Supremo, se enteró que la sentencia que tanta alegría le trajo en su momento es realmente un fraude? ¿Fue este convencimiento lo que lo llevó hace poco a tildar públicamente a la Corte Provincial del Guayas como la corte más corrupta del país, corte que fue de donde salió la sentencia de los cuarenta millones de dólares?

El Juez regalón no ha entregado el pen drive que usó esa noche a la Fiscalía aún. Y los organismos encargados de velar por la transparencia judicial han asumido la bizarra tarea de sancionar –y de oficio– más bien a los funcionarios que en cumplimiento de mandatos constitucionales y legales dispusieron la entrega de un clon del disco duro. Miren el absurdo: no se sanciona al Juez Regalón, pero sí a los servidores judiciales que colaboraron en descubrir su conducta. Y esta tarea de encubrimiento la lideran precisamente quienes se suponen deben defender la integridad judicial.

Las instancias internacionales han sido nuevamente informadas. Y nuevamente la reacción es de estupor y asombro. Si el mundo recibió con indignación la sentencia de los cuarenta millones de dólares, las revelaciones que han salido sobre su origen –y que seguirán saliendo a pesar de los esfuerzos de ciertos funcionarios para que eso no suceda– serán de doble indignación. (“¿Es así como se ganan los juicios en Ecuador?”). Y es que una

sentencia como esa no podía tener un origen legítimo en ninguna parte.

Hace pocos días se anunció la entrega de 600 millones de dólares para una gran reforma judicial. Si semejante suma de dinero es para tener un sistema judicial como el que produjo la sentencia de los cuarenta millones de dólares, ¿no creen que sería mejor invertirlos en salud y educación? Después de todo los pen drives son más baratos.

 

Fuente:  http://www.eluniverso.com/2011/09/13/1/1363/crimen-imperfecto.html?p=1363&m=788

Espejismo

Hernán Pérez Loose

Más de cuarenta policías permanecen detenidos acusados aparentemente de intento de magnicidio contra alguien que curiosamente invitó a que lo mataran. Las evidencias en contra del ex director del Hospital donde tomó refugio el Jefe de Estado el aciago 30 de septiembre son en realidad evidencias a su favor. Pero él sigue detenido. Lo más probable es que todas estas personas sean sentenciadas y condenadas por un delito que no cometieron, pues, esa es la única manera como puede dársele una fachada de coherencia a la tesis del golpe de Estado. A eso ha quedado reducida la justicia en nuestro país, para servirle de alfombra al poder. Y todo esto está sucediendo, y sucederá, delante de nuestros ojos, a la luz pública.

En días pasados la redacción de la revista Vanguardia fue allanada bajo el argumento de haberse atrasado en el pago de unos arriendos, sus computadoras fueron prácticamente incautadas, la correspondencia retenida, sus empleados registrados y todo ello con el apoyo de una fuerza especial de militares. Una orden judicial disponiendo la restitución de la información que guardan las computadoras ha sido simplemente ignorada. La prestigiosa revista inglesa The Economist encuentra en los reportajes denuncias de la revista allanada la explicación de semejante actitud. Después de todo, esa es la misma situación de precariedad por la que vienen atravesando otros medios de comunicación, y otros periodistas que no se someten aún a los alquileres del silencio que el poder propicia.

Que el Estado abuse de su poder, que los políticos quebranten la Constitución setenta veces siete, que quienes gozan –aunque sea transitoriamente– de una posición de autoridad política o privilegio económico, violen toda norma de convivencia civilizada, incluyendo constituciones y leyes, son situaciones que hasta cierto punto pueden pasar como naturales y explicables.

Pero lo que resulta inexplicable es que la sociedad que sufre estos embates permanezca impasible. Es increíble que los abusos antes mencionados, y mucho más que se han dado en este año que termina, no han sido materia de ninguna protesta por parte de las asociaciones organizadas para defender los derechos humanos en el Ecuador. Lamentablemente estas organizaciones han quedado secuestradas por el propio poder del que se supone deben defendernos. Han caído fácilmente en la deslealtad de defender los derechos únicamente de las personas u organizaciones a las que tienen simpatías ideológicas, y hasta personales.

Esta inmovilidad de los ecuatorianos de no reaccionar frente a los abusos que se cometen contra terceras personas es lo que ha permitido la instalación de una cultura del autoritarismo, y que no es únicamente de ahora. No solo que desde antes se viene “matando la gente”, como anota un funcionario recién designado, sino que también desde antes se viene abusando del poder.

Esta tolerancia contra el abuso –especialmente cuando “no es conmigo”–, esta falta de reacción, ¿justificaría acaso la visión que tienen muchos sociólogos norteamericanos y europeos que la democracia como sistema de gobiernoy forma de vida no está hecha para países como el Ecuador?

http://www.eluniverso.com/2010/12/28/1/1363/espejismo.html?p=1354A&m=4

Una extraña sentencia

Hernán Pérez Loose

Hay cosas tan inexplicables en la sentencia que condena a Emilio Palacio que no pueden dejar de señalarse y comentarse por la trascendencia jurídica y política que tiene la decisión. Para fundamentar su decisión la jueza invoca una corriente de pensamiento jurídico conocida como neoconstitucionalismo. Bajo ese nombre se cobijan una serie de doctrinas de corte filosófico relativamente recientes que convergen en la construcción de un paradigma hermenéutico alrededor del fenómeno constitucional.

La jueza inclusive hace una cita de un conocido adherente de esta corriente, el brasileño Luis Roberto Barroso. Por lo que debemos entender que conoce a fondo la citada obra, el mencionado autor y obviamente la corriente neoconstitucionalista. Pero aquí comienzan las sorpresas. Por ejemplo, la jueza toma por nombre de la obra de Barroso que cita lo que en realidad es el título de uno de sus capítulos. Sí, es probable que esto sea un simple detalle. Pero en esa y en otras obras, el autor, al que la jueza cita extensamente, ha expuesto una serie de reflexiones del neoconstitucionalismo que contradicen la lógica que ella sigue en su sentencia y, lo que es peor, el resultado de la misma. Y esto ya no es un detalle.

El profesor Barroso ha advertido, por ejemplo, que el neoconstitucionalismo exige a los jueces aplicar las normas legales, incluyendo las penales, desde la Constitución. Por ello es inexplicable que no exista en la sentencia ningún argumento, pero ninguno, aunque sea deficiente, de por qué en este caso, donde hay un conflicto entre el derecho constitucional de libre opinión (un bien social) y el honor de una figura pública, prima este último sobre el primero, cuando nuestra Constitución, por vía de la supremacía del tramado internacional de derechos humanos (tratados, jurisprudencias, informes de relatorías, etcétera), así como el pensamiento neoconstitucionalista, señalan lo opuesto.

Pero hay algo más extraño. Barroso –a quien le hemos enviado copia del fallo– explica el efecto del neoconstitucionalismo en el derecho penal al señalar la falta “de potencialidad de las penas privativas de la libertad, que solamente deberán usarse en hipótesis extremas, cuando no existan medios alternativos eficaces para la protección de intereses constitucionalmente relevantes”. Esto es precisamente lo que han insistido desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Americana de Derechos Humanos hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos al resolver casos como el de Emilio.

Es realmente inexplicable que un juez invoque una corriente jurídica que enseña exactamente lo opuesto a lo que su sentencia dice. En fin, debe haber razones para esta contradicción que deberán superarse en la apelación o en instancias internacionales. Pero es sintomático de la crisis institucional que atraviesa nuestro país. La caricaturización del neoconstitucionalismo se está generalizando para darle una fachada académica a resultados increíbles. Hace poco se lo usó, o mejor dicho, se lo manipuló para decirnos que la violación de una niña era un delito político. Ahora se lo hace para mandar a prisión a un periodista.

http://www.eluniverso.com/2010/03/30/1/1363/extrana-sentencia.html?p=1363&m=788

Mr. Lengua no perdona

Por Hernán Pérez Loose*

Mr. Lengua no perdona que gente de su movimiento haya firmado un acuerdo político con la oposición sobre ciertas áreas claves de la futura ley de medios de comunicación. Para Mr. Lengua, eso fue inaudito, si él es el único que manda. Arribar a un consenso mínimo con la oposición implica ciertamente un grado de madurez que no se había visto en este país en décadas. Como se recordará, en el pasado, los Reyes del Mambo llegaban a acuerdos parlamentarios pero a punta de contratos colectivos, aceras, parterres y bordillos. Pero si el acuerdo político sobre la ley de medios es un hecho histórico, igualmente histórico es el afán de Mr. Lengua de desbaratar ese acuerdo. El cierre de Teleamazonas y Arutam buscaba también cerrarles la boca a quienes, en su movimiento, se atrevieron a pensar.

Los próximos días nos dirán si el acuerdo sobre la ley de medios de comunicación podrá sobrevivir la paranoia de Mr. Lengua. Para él, ese compromiso es un atisbo, aunque sea mínimo, de que comienzan a percibirlo como un obstáculo para instaurar una democracia basada en la ley y el diálogo y no en los caprichos de un demagogo mediocre que ha demostrado suprema incompetencia. Para Mr. Lengua, si hay algo que funciona bien y no es de su autoría -y, de eso, ciertamente hay muy poco–, ese algo hay que boicotearlo y destruirlo. Por eso, no perdona que la administración de Nebot sea exitosa y que Guayaquil haya cambiado tanto. De allí, su empeño en destruir esos logros.

Mr. Lengua no perdona obviamente las críticas. Su modelo de prensa es el que practican los medios que él controla. Una prensa que informe únicamente la verdad oficial y que jamás dude de esa verdad, que no se atreva a hacer conjeturas o a elaborar sobre supuestos; como le acaba de suceder a Teleamazonas: sancionada porque su información no coincidió con la verdad oficial. (¿Se imaginan al Washington Post deteniendo sus reportajes sobre Watergate hasta que Richard Nixon confirme su "veracidad"? Bueno, ese el periodismo que Mr. Lengua quiere imponernos...).

Pero Mr. Lengua sí perdona algunas cosas. Perdona, por ejemplo, que al país se lo lleven en peso Chávez, unos chinos y ciertos pandilleros, todos ellos arropados bajo decenas de contratos a dedo, emergencias eternas y tragamonedas. Si ayer asaltaron al país unos supuestos neoliberales, hoy lo hacen unos proclamados socialistas. "Haz algo, Washington…", exclamó cándidamente el Contralor días atrás, refiriéndose al ministro fiscal general. Mr. Lengua ha perdonado también a la Corte Constitucional por haber liberado al violador de una menor bajo el argumento de que la violación fue un "delito político" -después de todo, la niña no era su hija, ni hija de ninguno de los de su círculo-, y, como prueba de su misericordia, dio al presidente de ese alto organismo, supuestamente independiente del Ejecutivo, un espacio en su última insultadera sabatina para que conteste públicamente al cuestionamiento de un periodista. Esa es la revolución de Mr. Lengua.

*Diario El Universo

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/mr-lengua-no-perdona-384807.html