Por: José Villaorduña
Su voz afranelada y modales palaciegos no deben conducir al engaño: a este doctor en economía no le tiembla la mano a la hora de ordenar el arresto de quienes lo critican o de pedir millonarias indemnizaciones en defensa de su honor. Y por qué no, también de la “seguridad económica” de su familia, como confesó en algún momento.
La alta investidura que detenta le permite el privilegio de la falta de coherencia: tras haber perseguido a periodistas y políticos, pidiendo penas de prisión efectiva para ellos por injuriar “la majestad de la presidencia de la república”, no sufre el más mínimo sonrojo por afirmar luego que la ley en la que sustenta sus denuncias debería ser derogada. Entornando los ojos y acariciando con el terciopelo de su voz los oídos de los áulicos que lo rodean y aplauden, Correa afirma que “no tiene que ser un delito especial el insulto y la injuria a la autoridad". Claro que, mientras la ley sigue vigente, continúa ordenando el encarcelamiento de quienes se le enfrentan –y amenazando a los jueces que dejan libres a aquellos a quienes bajó el dedo. “¡Qué culpa tengo yo de que haya ese artículo!”, se excusa sin disimular una sonrisa.
Prerrogativa de la incoherencia también, el cobrar más de medio millón de dólares en indemnización a un banco que le registró una deuda (cierto que inexistente) de $65; responder luego con hartazgo ante los cuestionamientos de la prensa: “a mí no me interesa la plata, si quieren puedo donar esa plata”, y no esperar dos segundos para arrepentirse y añadir: “aunque mi principal deber es darle seguridad económica a mi familia”. Previniendo una recaída en los terrenos de la incongruencia, transfirió algo más de $300 mil a Bélgica y compró un departamento en la misma ciudad.
Como académico que es, Correa cree en los números. Por ello, despidió a la ministra Wilma Salgado, quien le pronosticó un déficit presupuestal para el 2009, dada la proyección hecha por diversas instituciones sobre el precio del petróleo. Su reemplazante rehízo las proyecciones, sin déficit previsto y pudo agradar así al mandatario y mantener su puesto, aún cuando el déficit, finalmente, sí se produjo.
Un hecho que los defensores de Correa se han esmerado en resaltar, es el apego devoto del presidente a las leyes. Si éstas se oponen a sus intereses, las cambiará por supuesto, pero siempre se le verá esgrimiendo con afectación la legalidad de sus actos. Alguien malicioso podría reprocharle que, para lograr que sus mandatos tengan invariablemente el respaldo de las normas impresas, sus corifeos se vean obligados a pasarle una aplanadora por encima a otras tantas leyes. Como cuando logró, a través del Tribunal Supremo Electoral, destituir a 57 congresistas que se oponían a su proyecto constituyente, así como a los jueces que se atrevieron a aceptar un amparo de los parlamentarios expectorados. Para coronar la legalidad de tremendo faenón, el nuevo Congreso, con el voto de los legisladores suplentes, depuso a los miembros del Tribunal Constitucional que declararon que las destituciones de los 57 parlamentarios eran contrarias a la ley de leyes. ¿Alguien sería capaz de mezquinar tanta preocupación porque los actos propios cuenten con un marco legal ex profeso?
Gracias a este rasgo de su carácter, Rafael Correa no duda al entablar demandas millonarias contra quienes osen criticarlo. Al abogado y columnista del diario El Universo, Joffre Campaña, le exige $10 millones, puesto que los artículos de opinión que éste ha escrito criticando acciones del gobernante: “han ocasionado que tenga que trabajar en las noches para contrarrestar las mentiras (…), descuidando mi vida personal y familiar”. Al presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios, le exige $400 millones: $20 millones por cada artículo que Palacios ha divulgado en Internet refiriéndose críticamente a Correa. Los autores del libro el gran hermano, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes dan cuenta de contratos firmados entre organismos públicos y Fabricio Correa, hermano del mandatario, han sido demandados por $5 millones cada uno, pues el jefe de gobierno asegura que el volumen le habría provocado “una gran humillación, grave aflicción social y moral y desprestigio frente a todos los ecuatorianos y lectores en general, lo que me causa gran sufrimiento, angustia y dolor, las falsedades vertidas deterioran mi buen desempeño de mis labores sociales y laborales”. Y finalmente está la demanda contra los directivos del diario El Universo y el ex director de la página de opinión de dicho diario, Emilio Palacio, a quienes exige un total de $50 millones, más $30 millones a la empresa editora, por una columna de Palacio. Si los jueces llegan a sentenciar a favor de Correa por todas estas demandas, pese a lo inverosímil de las mismas –que sumarían otros $500 millones a su cuenta bancaria–, tampoco será su culpa.
Sería ruin reducir el airado y prepotente accionar presidencial al puro interés crematístico. Correa quiere ser reverenciado. No de otro modo se explica que, en un país que se dice democrático, el presidente haya hecho encarcelar, a su sola voz, a la empresaria Irma Parra, bajo la acusación de haber sido “majadera y agresiva” durante una visita presidencial a la ciudad de Riobamba. Por la misma razón, el soberano ordenó la detención del Coronel César Carrión, ex director del Hospital Policial, luego de que éste osara contradecir al mandatario sobre los sucesos del 30 de setiembre del 2010.
Rafael Correa se reclama adepto al socialismo del siglo XXI, pero su estilo, pleno de artificio y demandante de genuflexión, lo dibuja más como un heredero trasnochado del absolutismo monárquico del siglo XVIII.
Fuente: http://www.dedomedio.com/politica.php?ID=132
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