Por Editorial Diario El Comercio
La compleja decisión tomada por el Régimen en relación con los bonos Global 12 y Global 30 no solo pone en escena un complejo entramado para salir del problema, sino que se convierte en una contradicción del Gobierno al proponer adquirir papeles de una deuda considerada, hasta hace poco, “éticamente absurda de cancelar”.
La compleja decisión tomada por el Régimen en relación con los bonos Global 12 y Global 30 no solo pone en escena un complejo entramado para salir del problema, sino que se convierte en una contradicción del Gobierno al proponer adquirir papeles de una deuda considerada, hasta hace poco, “éticamente absurda de cancelar”.
En uno de sus golpes de efecto mediáticos destinados a generar popularidad y simpatía, el Primer Mandatario abrazó la bandera de la soberanía y de la dignidad nacional e integró una comisión para que investigara las negociaciones de la deuda externa contraída por los sucesivos gobiernos ecuatorianos desde hace tres décadas
Aquella comisión, integrada por personalidades nacionales y extranjeras ideológicamente cercanas a los funcionarios de mayor confianza presidencial, no pudo concluir otra cosa que la que se esperaba: hay tramos de la deuda “ilegales, inmorales e ilegítimos”. Las siguientes acciones, tomadas en diciembre y marzo pasados, también fueron previsibles: declarar en moratoria a los bonos Global 12 y 30.
Consecuente con esa estrategia, vino el siguiente anuncio en una clara intención de dar un nuevo golpe de efecto: la recompra de esos bonos “ilegítimos”, cinco días antes de las elecciones generales, que es presentada como un gesto de dignidad nacional.
Las autoridades se han apresurado a responder las críticas con el argumento de que el plan se ajusta a las disponibilidades financieras del país, pero nada han dicho acerca de su flagrante contradicción ideológica, económica y política: negociar papeles “ilegítimos, inmorales e ilegales” que, en la lógica del discurso nacionalista y soberano, no deberían comprarse.
