Montúfar demanda a F. Alvarado por publicidadEsta es la primera vez que en el Ecuador un funcionario de Estado enfrenta una demanda penal por la difusión de cadenas del Gobierno y publicidad oficial
El asambleísta César Montúfar presentó ayer en la Fiscalía General una demanda penal contra el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, "por afectar la honra y credibilidad de quienes discrepan con las tesis del Gobierno, a través de la publicidad gubernamental".
Al oficializar la acusación, Montúfar aseguró que el Gobierno ha desarrollado una campaña que lesiona los derechos humanos, con el uso de cadenas nacionales y propagandas políticas, que son financiadas con dinero del Estado. Esto principalmente en referencia al spot publicitario 'No a la difamación' emitido desde la semana anterior por medios públicos y privados, en el que representan a periodistas con una víbora que ataca y juzga a los ciudadanos.
Montúfar dijo que, de esa manera, se intenta "generar un clima de violencia que atenta y menoscaba la libertad de expresión y los derechos de las personas". Recordó además el tratamiento político que se le está dando en la Asamblea Nacional al proyecto de Ley de Comunicación, como instrumento del Gobierno contra los medios de comunicación.
"Ya basta de que se utilice el dinero de los ecuatorianos para agredir a los ecuatorianos, basta de una actitud prepotente desde Carondelet, es el momento de que prevalezcan los derechos y se haga justicia", comentó.
Pidió a la Fiscalía sanciones para los responsables de esa publicidad, entre ellos, para Alvarado y todos los funcionarios de la Secretaría de Comunicación hayan participado en elaboración y difusión de esa propaganda, a la que calificó como un delito...."Los ecuatorianos tenemos derecho a debatir desde diferentes posiciones", dijo.
El viernes pasado, Montúfar pidió medidas cautelares para que se suspenda la transmisión de esta publicidad. El caso se tramita en el juzgado de Primero de lo Penal de Pichincha.Por tratarse de un delito de indagación pública, el fiscal tiene un plazo de 90 días para pronunciarse y disponer o desechar el inicio de una instrucción fiscal.
