Por: José Villaorduña
Su voz afranelada y modales palaciegos no deben conducir al engaño: a
este doctor en economía no le tiembla la mano a la hora de ordenar el
arresto de quienes lo critican o de pedir millonarias indemnizaciones en
defensa de su honor. Y por qué no, también de la “seguridad económica”
de su familia, como confesó en algún momento.
La alta investidura que detenta le permite el privilegio de la falta de
coherencia: tras haber perseguido a periodistas y políticos, pidiendo
penas de prisión efectiva para ellos por injuriar “la majestad de la
presidencia de la república”, no sufre el más mínimo sonrojo por afirmar
luego que la ley en la que sustenta sus denuncias debería ser derogada.
Entornando los ojos y acariciando con el terciopelo de su voz los oídos
de los áulicos que lo rodean y aplauden, Correa afirma que “no tiene
que ser un delito especial el insulto y la injuria a la autoridad".
Claro que, mientras la ley sigue vigente, continúa ordenando el
encarcelamiento de quienes se le enfrentan –y amenazando a los jueces
que dejan libres a aquellos a quienes bajó el dedo. “¡Qué culpa tengo yo
de que haya ese artículo!”, se excusa sin disimular una sonrisa.
Prerrogativa de la incoherencia también, el cobrar más de medio millón
de dólares en indemnización a un banco que le registró una deuda (cierto
que inexistente) de $65; responder luego con hartazgo ante los
cuestionamientos de la prensa: “a mí no me interesa la plata, si quieren
puedo donar esa plata”, y no esperar dos segundos para arrepentirse y
añadir: “aunque mi principal deber es darle seguridad económica a mi
familia”. Previniendo una recaída en los terrenos de la incongruencia,
transfirió algo más de $300 mil a Bélgica y compró un departamento en la
misma ciudad.
Como académico que es, Correa cree en los números. Por ello, despidió a
la ministra Wilma Salgado, quien le pronosticó un déficit presupuestal
para el 2009, dada la proyección hecha por diversas instituciones sobre
el precio del petróleo. Su reemplazante rehízo las proyecciones, sin
déficit previsto y pudo agradar así al mandatario y mantener su puesto,
aún cuando el déficit, finalmente, sí se produjo.
Un hecho que los defensores de Correa se han esmerado en resaltar, es el
apego devoto del presidente a las leyes. Si éstas se oponen a sus
intereses, las cambiará por supuesto, pero siempre se le verá
esgrimiendo con afectación la legalidad de sus actos. Alguien malicioso
podría reprocharle que, para lograr que sus mandatos tengan
invariablemente el respaldo de las normas impresas, sus corifeos se vean
obligados a pasarle una aplanadora por encima a otras tantas leyes.
Como cuando logró, a través del Tribunal Supremo Electoral, destituir a
57 congresistas que se oponían a su proyecto constituyente, así como a
los jueces que se atrevieron a aceptar un amparo de los parlamentarios
expectorados. Para coronar la legalidad de tremendo faenón, el nuevo
Congreso, con el voto de los legisladores suplentes, depuso a los
miembros del Tribunal Constitucional que declararon que las
destituciones de los 57 parlamentarios eran contrarias a la ley de
leyes. ¿Alguien sería capaz de mezquinar tanta preocupación porque los
actos propios cuenten con un marco legal ex profeso?
Gracias a este rasgo de su carácter, Rafael Correa no duda al entablar
demandas millonarias contra quienes osen criticarlo. Al abogado y
columnista del diario El Universo, Joffre Campaña, le exige $10
millones, puesto que los artículos de opinión que éste ha escrito
criticando acciones del gobernante: “han ocasionado que tenga que
trabajar en las noches para contrarrestar las mentiras (…), descuidando
mi vida personal y familiar”. Al presidente de la Junta Cívica de
Guayaquil, Miguel Palacios, le exige $400 millones: $20 millones por
cada artículo que Palacios ha divulgado en Internet refiriéndose
críticamente a Correa. Los autores del libro el gran hermano, Juan
Carlos Calderón y Christian Zurita, quienes dan cuenta de contratos
firmados entre organismos públicos y Fabricio Correa, hermano del
mandatario, han sido demandados por $5 millones cada uno, pues el jefe
de gobierno asegura que el volumen le habría provocado “una gran
humillación, grave aflicción social y moral y desprestigio frente a
todos los ecuatorianos y lectores en general, lo que me causa gran
sufrimiento, angustia y dolor, las falsedades vertidas deterioran mi
buen desempeño de mis labores sociales y laborales”. Y finalmente está
la demanda contra los directivos del diario El Universo y el ex director
de la página de opinión de dicho diario, Emilio Palacio, a quienes
exige un total de $50 millones, más $30 millones a la empresa editora,
por una columna de Palacio. Si los jueces llegan a sentenciar a favor de
Correa por todas estas demandas, pese a lo inverosímil de las mismas
–que sumarían otros $500 millones a su cuenta bancaria–, tampoco será su
culpa.
Sería ruin reducir el airado y prepotente accionar presidencial al puro
interés crematístico. Correa quiere ser reverenciado. No de otro modo se
explica que, en un país que se dice democrático, el presidente haya
hecho encarcelar, a su sola voz, a la empresaria Irma Parra, bajo la
acusación de haber sido “majadera y agresiva” durante una visita
presidencial a la ciudad de Riobamba. Por la misma razón, el soberano
ordenó la detención del Coronel César Carrión, ex director del Hospital
Policial, luego de que éste osara contradecir al mandatario sobre los
sucesos del 30 de setiembre del 2010.
Rafael Correa se reclama adepto al socialismo del siglo XXI, pero su
estilo, pleno de artificio y demandante de genuflexión, lo dibuja más
como un heredero trasnochado del absolutismo monárquico del siglo XVIII.
Fuente: http://www.dedomedio.com/politica.php?ID=132