Lcdo. Julio Calero G.
El presidente Rafael Correa, quien fue elegido para el cargo con el voto de millones de ecuatorianos, entre ellos el de cientos de miles de guayaquileños, está empeñado en una constante arremetida contra todo lo bueno que tienen Guayaquil y sus instituciones, especialmente contra aquellas que dependen de la administración municipal que dirige el Ab. Jaime Nebot y que sirven de excelente manera a quienes vivimos en la urbe más grande del Ecuador.
En sus ataques a lo que Guayaquil representa ha encontrado algunos compañeros por el camino, como Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente y Fernando Cordero, primer vicepresidente, en quienes, por sus palabras y sus actuaciones, hay ciudadanos que han creído ver en ellos, visos de un accionar con tinte regionalista; de igual manera, también hay una persona nacida en Guayaquil que, por cálculos políticos, al igual que Correa, la emprende en contra la ciudad, el es Ricardo Patiño, el superfuncionario gubernamental que en menos de un año ocupó tres distintos altos cargos. Pero hay alguien más, que con su silencio cómplice, demuestra estar de acuerdo con la arremetida correista, ella es Aminta Buenaño, segunda vicepresidenta de la Asamblea, quien por varios años fue empleada del municipio porteño y, de seguro, fue espectadora de primera mano del trabajo municipal y sabe si Nebot cumplió o no con la ciudad.
La arremetida principalmente es contra las fundaciones municipales que, desde que fueron creadas, no han hecho más que servir a todos los pobladores y sectores de Guayaquil, sin distingos de pelucones y pobretones, que parece ser la única clasificación de ciudadanos que conoce el presidente Correa, olvidándose que también existen guayaquileños de clase media, que ni son millonarios ni cobran bonos de desarrollo humano, pero que con trabajo y con esfuerzo han podido adquirir viviendas, así como vehículos para transportarse y que educan a sus hijos en colegios particulares para que puedan labrarse un futuro mejor ya que no confían en la educación fiscal dominada por el MPD.
La regeneración de la ciudad ha estado a cargo de la Fundación Siglo XXI, que ha actuado en diferentes sectores de la urbe, entre ellos, el Cerro Santa Ana, donde el sábado 19 de enero el presidente Correa dio una de sus repetitivas cadenas radiales.
La Fundación Municipal Terminal Terrestre, sin que le cueste un solo centavo al gobierno actual, ya modernizó totalmente ese edificio inservible que fue construido hace años y que con su nueva imagen es ahora un orgullo para todos los guayaquileños. Sus instalaciones son utilizadas diariamente por millares de ecuatorianos de toda condición social para viajar en los distintos vehículos de transportación intercantonal, interprovincial e internacional, que llegan o salen de sus paraderos.
La Fundación Aeroportuaria se encargó de la remodelación del anterior aeropuerto Simón Bolívar y luego, en convenio con la empresa argentina TAGSA, construyó las modernas edificaciones que ahora posee la Terminal Aérea José Joaquín de Olmedo, donde se brinda un servicio ágil, cómodo, seguro y de buen trato a los usuarios, algo muy distinto a lo que ocurría cuando los militares de la FAE lo manejaban.
La Fundación Metrovía lleva adelante y supervisa el moderno sistema masivo de transportación pública que en pocos minutos permite a los guayaquileños trasladarse desde los Guasmos, en el sur de la ciudad, hasta la Terminal Río Daule, al norte, frente a la Terminal Terrestre. Pronto entrará en funcionamiento una nueva ruta que cubrirá la vía a Daule, dando servicio a los moradores de Bastión Popular, Flor de Bastión, Mapasingue y todas la zonas aledañas. El servicio, a más de rápido es seguro, no hay asaltos en el trayecto, no se detienen los vehículos en cualquier calle y los choferes tratan a los usuarios con educación.
El manejo del Registro Civil a través de una fundación municipal es otro avance, no solo en el proceso autonómico que debe funcionar en todo el país, sino también en la lucha contra la corrupción y el mal trato al público. Se acabaron los tramitadores, las coimas y las extorsiones a los ciudadanos que debían obtener las cédulas, como ocurría antes, en ese infecto lugar ubicado al sur de Guayaquil, cuando generalmente se decía que no “había material fotográfico” para emitirlas.
Y en ese afán de destruir las cosas buenas de Guayaquil y dejando ver un espíritu regionalista, que podría hasta rayar en odio a la ciudad, el director nacional de Registro Civil, César Frixone, quiso establecer que las cédulas emitidas por el Registro Civil Municipal de Guayaquil solo sirvan para trámites en esta ciudad y no en el resto del país, es decir, según este individuo, los guayaquileños seríamos seres marginados, algo aparte del resto del Ecuador. Felizmente el presidente Correa y el vicepresidente Moreno salieron al frente y desautorizaron las pretensiones de este señor, sin embargo, ¿por qué este funcionario no ha sido removido de su cargo ante tamaña estupidez hecha pública?
Pero no solo las fundaciones sufren las arremetidas gubernamentales, sino también de manera directa el Municipio de Guayaquil, el único al cual la ministra del Medio Ambiente, Marcela Aguiñaga, le prohibió emitir licencias ambientales para la ejecución de sus propias obras, lo que según el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Johnny Terán, es ilegal pues a ningún otro municipio le han quitado esta facultad, con ello provocarán el retraso de la ejecución de las obras programadas por el Municipio.
La más reciente arremetida hasta fines de enero, y quizás la que más directamente va a afectar a muchos guayaquileños, es la decisión de suprimir los 3 millones de dólares que el gobierno aportaba a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que desde su creación se preocupó de equipar a la Policía Nacional con vehículos, incluyendo su mantenimiento y gasolina para movilización, armas, chalecos antibalas, cuarteles, equipos de comunicación y de computación, etc., supliendo la obligación que tiene el Gobierno Nacional de velar por la seguridad de la ciudadana. Por querer hacer daño al alcalde Nebot perjudican a los guayaquileños que día a día deben trabajar haciendo frente a los embates de la delincuencia, la que cada vez va en aumento y no respeta vidas humanas.
Sin embargo, la arremetida más fuerte es contra las rentas municipales que los cabildos percibían a través del 15% del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y del 25% de las donaciones del Impuesto a la Renta de las empresas y las personas. Estas rentas, gracias a la Ley de Equidad Tributaria que apuradamente aprobó y expidió la Asamblea Constituyente los últimos días del año pasado, ahora ya no serán acreditadas automáticamente sino que deberán ingresar al Presupuesto, donde, el ministro de Finanzas de turno tendrá el poder discrecional de concederlas cuando el lo considere pertinente y de acuerdo a las directrices presidenciales que reciba.
Con este mandato de la Asamblea cayó, cual castillo de naipes abatido por un soplo de viento, la lucha por la autonomía que por años venían sosteniendo algunos municipios, con el de Guayaquil a la cabeza, y se volvió a un sistema centralista, que es sin lugar a dudas, el objetivo de Correa y su gobierno, para de esta manera manejar a los alcaldes y convertirlos en sus aliados así sea por obligación.
¿Cuál es el objetivo de toda esta ilógica e infame arremetida contra Guayaquil? 1. ¿Castigarla por ser una urbe moderna?2. ¿Descargar frustraciones y sentimientos de odio y de carácter regionalista contra la ciudad más progresista del Ecuador?3. ¿Atacarla para destruir políticamente a Nebot?4. ¿No dejar hacer a otro su trabajo por que nosotros no podemos cumplir el nuestro?
5. ¿Preparar el camino para una eventual candidatura a la Alcaldía de Ricardo Patiño o algún otro acólito de Correa?
Consideramos que estas arremetidas no darán el fruto que sus gestores desean, los guayaquileños sabemos quienes nos han servido bien y, que también pueden haber cometido errores, por que nadie es infalible, pero las obras están ahí, se las pueden ver, se las pueden palpar cada día y sirven no solamente a quienes vivimos en Guayaquil sino a todos quienes vienen a visitarla.
En el otro extremo, vale preguntarse ¿Qué ha hecho el gobierno de Correa por Guayaquil?
En sus ataques a lo que Guayaquil representa ha encontrado algunos compañeros por el camino, como Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente y Fernando Cordero, primer vicepresidente, en quienes, por sus palabras y sus actuaciones, hay ciudadanos que han creído ver en ellos, visos de un accionar con tinte regionalista; de igual manera, también hay una persona nacida en Guayaquil que, por cálculos políticos, al igual que Correa, la emprende en contra la ciudad, el es Ricardo Patiño, el superfuncionario gubernamental que en menos de un año ocupó tres distintos altos cargos. Pero hay alguien más, que con su silencio cómplice, demuestra estar de acuerdo con la arremetida correista, ella es Aminta Buenaño, segunda vicepresidenta de la Asamblea, quien por varios años fue empleada del municipio porteño y, de seguro, fue espectadora de primera mano del trabajo municipal y sabe si Nebot cumplió o no con la ciudad.
La arremetida principalmente es contra las fundaciones municipales que, desde que fueron creadas, no han hecho más que servir a todos los pobladores y sectores de Guayaquil, sin distingos de pelucones y pobretones, que parece ser la única clasificación de ciudadanos que conoce el presidente Correa, olvidándose que también existen guayaquileños de clase media, que ni son millonarios ni cobran bonos de desarrollo humano, pero que con trabajo y con esfuerzo han podido adquirir viviendas, así como vehículos para transportarse y que educan a sus hijos en colegios particulares para que puedan labrarse un futuro mejor ya que no confían en la educación fiscal dominada por el MPD.
La regeneración de la ciudad ha estado a cargo de la Fundación Siglo XXI, que ha actuado en diferentes sectores de la urbe, entre ellos, el Cerro Santa Ana, donde el sábado 19 de enero el presidente Correa dio una de sus repetitivas cadenas radiales.
La Fundación Municipal Terminal Terrestre, sin que le cueste un solo centavo al gobierno actual, ya modernizó totalmente ese edificio inservible que fue construido hace años y que con su nueva imagen es ahora un orgullo para todos los guayaquileños. Sus instalaciones son utilizadas diariamente por millares de ecuatorianos de toda condición social para viajar en los distintos vehículos de transportación intercantonal, interprovincial e internacional, que llegan o salen de sus paraderos.
La Fundación Aeroportuaria se encargó de la remodelación del anterior aeropuerto Simón Bolívar y luego, en convenio con la empresa argentina TAGSA, construyó las modernas edificaciones que ahora posee la Terminal Aérea José Joaquín de Olmedo, donde se brinda un servicio ágil, cómodo, seguro y de buen trato a los usuarios, algo muy distinto a lo que ocurría cuando los militares de la FAE lo manejaban.
La Fundación Metrovía lleva adelante y supervisa el moderno sistema masivo de transportación pública que en pocos minutos permite a los guayaquileños trasladarse desde los Guasmos, en el sur de la ciudad, hasta la Terminal Río Daule, al norte, frente a la Terminal Terrestre. Pronto entrará en funcionamiento una nueva ruta que cubrirá la vía a Daule, dando servicio a los moradores de Bastión Popular, Flor de Bastión, Mapasingue y todas la zonas aledañas. El servicio, a más de rápido es seguro, no hay asaltos en el trayecto, no se detienen los vehículos en cualquier calle y los choferes tratan a los usuarios con educación.
El manejo del Registro Civil a través de una fundación municipal es otro avance, no solo en el proceso autonómico que debe funcionar en todo el país, sino también en la lucha contra la corrupción y el mal trato al público. Se acabaron los tramitadores, las coimas y las extorsiones a los ciudadanos que debían obtener las cédulas, como ocurría antes, en ese infecto lugar ubicado al sur de Guayaquil, cuando generalmente se decía que no “había material fotográfico” para emitirlas.
Y en ese afán de destruir las cosas buenas de Guayaquil y dejando ver un espíritu regionalista, que podría hasta rayar en odio a la ciudad, el director nacional de Registro Civil, César Frixone, quiso establecer que las cédulas emitidas por el Registro Civil Municipal de Guayaquil solo sirvan para trámites en esta ciudad y no en el resto del país, es decir, según este individuo, los guayaquileños seríamos seres marginados, algo aparte del resto del Ecuador. Felizmente el presidente Correa y el vicepresidente Moreno salieron al frente y desautorizaron las pretensiones de este señor, sin embargo, ¿por qué este funcionario no ha sido removido de su cargo ante tamaña estupidez hecha pública?
Pero no solo las fundaciones sufren las arremetidas gubernamentales, sino también de manera directa el Municipio de Guayaquil, el único al cual la ministra del Medio Ambiente, Marcela Aguiñaga, le prohibió emitir licencias ambientales para la ejecución de sus propias obras, lo que según el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, Johnny Terán, es ilegal pues a ningún otro municipio le han quitado esta facultad, con ello provocarán el retraso de la ejecución de las obras programadas por el Municipio.
La más reciente arremetida hasta fines de enero, y quizás la que más directamente va a afectar a muchos guayaquileños, es la decisión de suprimir los 3 millones de dólares que el gobierno aportaba a la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, que desde su creación se preocupó de equipar a la Policía Nacional con vehículos, incluyendo su mantenimiento y gasolina para movilización, armas, chalecos antibalas, cuarteles, equipos de comunicación y de computación, etc., supliendo la obligación que tiene el Gobierno Nacional de velar por la seguridad de la ciudadana. Por querer hacer daño al alcalde Nebot perjudican a los guayaquileños que día a día deben trabajar haciendo frente a los embates de la delincuencia, la que cada vez va en aumento y no respeta vidas humanas.
Sin embargo, la arremetida más fuerte es contra las rentas municipales que los cabildos percibían a través del 15% del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y del 25% de las donaciones del Impuesto a la Renta de las empresas y las personas. Estas rentas, gracias a la Ley de Equidad Tributaria que apuradamente aprobó y expidió la Asamblea Constituyente los últimos días del año pasado, ahora ya no serán acreditadas automáticamente sino que deberán ingresar al Presupuesto, donde, el ministro de Finanzas de turno tendrá el poder discrecional de concederlas cuando el lo considere pertinente y de acuerdo a las directrices presidenciales que reciba.
Con este mandato de la Asamblea cayó, cual castillo de naipes abatido por un soplo de viento, la lucha por la autonomía que por años venían sosteniendo algunos municipios, con el de Guayaquil a la cabeza, y se volvió a un sistema centralista, que es sin lugar a dudas, el objetivo de Correa y su gobierno, para de esta manera manejar a los alcaldes y convertirlos en sus aliados así sea por obligación.
¿Cuál es el objetivo de toda esta ilógica e infame arremetida contra Guayaquil? 1. ¿Castigarla por ser una urbe moderna?2. ¿Descargar frustraciones y sentimientos de odio y de carácter regionalista contra la ciudad más progresista del Ecuador?3. ¿Atacarla para destruir políticamente a Nebot?4. ¿No dejar hacer a otro su trabajo por que nosotros no podemos cumplir el nuestro?
5. ¿Preparar el camino para una eventual candidatura a la Alcaldía de Ricardo Patiño o algún otro acólito de Correa?
Consideramos que estas arremetidas no darán el fruto que sus gestores desean, los guayaquileños sabemos quienes nos han servido bien y, que también pueden haber cometido errores, por que nadie es infalible, pero las obras están ahí, se las pueden ver, se las pueden palpar cada día y sirven no solamente a quienes vivimos en Guayaquil sino a todos quienes vienen a visitarla.
En el otro extremo, vale preguntarse ¿Qué ha hecho el gobierno de Correa por Guayaquil?
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