Emilio Palacio
Al principio me sorprendió leer que la nueva ley de Seguridad Financiera que ha preparado el Gobierno exime al Estado de la obligación de distribuir equitativamente sus inversiones financieras entre las distintas regiones del país. En la actualidad, la Ley Especial de Descentralización exige que “el 50% de dichas operaciones se dirija a la Sierra y Oriente y el otro 50% se destine a la región Costa e Insular”. El proyecto del Gobierno derogará esa disposición, con lo cual el IESS, para poner un caso, podrá invertir todo su dinero en bancos y operaciones manejadas desde una sola ciudad, dejando fuera a las otras. Tampoco será obligatorio invertir a través de las bolsas de valores, con lo que esos dineros podrían acabar en la caja chica de cualquier empresa.
Buscando una explicación para esta absurda disposición, encontré esta perla de Fernando Bustamante, actual ministro de Gobierno, que dice mucho sobre la resistencia tenaz del actual régimen a considerar como iguales a todas las regiones. Escribió Bustamante (Revista Ecuador Debate, agosto de 1998): “La lucha entre la Costa y la Sierra es la forma que toma la lucha entre dos formas de acción social: la Costa expresa un modo de vida patricio, centrada en torno a redes familiares empresariales […]. En oposición, la Sierra (y Quito en especial) expresa una sociedad que […] tiende a construir relaciones predicadas en el universalismo de la ley […]. Por ponerlo metafóricamente, es la guerra de Don Corleone contra Max Weber”. Por ponerlo en castellano, la Revolución Ciudadana es la guerra entre los intelectuales de Quito (Max Weber) y los mafiosos de Guayaquil (Don Corleone).
Hallé también esta otra joya, de Orlando Pérez, relacionista público de la Asamblea Nacional (El Telégrafo, 5 de octubre del 2008): “En esta urbe [Guayaquil] se han concentrado […] enormes templos de las religiones más fanáticas, coliseos llenos de jóvenes que prometen llegar vírgenes al matrimonio y una forma de vida más cercana a la moda gringa y a un consumismo perverso”.
Recordé entonces que el presidente Rafael Correa hizo el sábado pasado la sorprendente acusación al Municipio de Guayaquil de haber construido un túnel con plata de los ecuatorianos: “Así que vayan a Guayaquil y pasen con todo orgullo y todo derecho por los túneles de San Eduardo, porque han sido construidos con la plata de todos los ecuatorianos […]. Somos nosotros los que les damos esas asignaciones al Municipio de Guayaquil”.
(En realidad, Guayaquil y todas las ciudades del Ecuador reciben sus asignaciones del petróleo, no del Gobierno central; pero Correa está convencido de que él es el propietario del crudo).
Días antes, el Primer Mandatario había dicho también que el puente en una provincia que mencionó era mucho más urgente que el nuevo túnel en Guayaquil.Recuerden ahora ustedes que cuando Correa ocupó la cartera de Finanzas, suelto de lengua como es, se le salió decir que el IESS debería invertir su dinero en Petroecuador, cuya sede es la capital. Es fácil atar cabos y deducir que lo que el Gobierno prepara es el camino para esa vieja aspiración suya de usar los dineros de los trabajadores en experimentos económicos, como este de enviar nuestros fondos de reserva y el dinero de nuestra jubilación a un pozo negro de donde no saldrán jamás.
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