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miércoles, 11 de febrero de 2009

Ahorros de los afiliados para salvar mal manejo fiscal

Opinión de diario HOY
No es una novedad el que los sucesivos gobiernos metan la manos en los ahorros de los afiliados: desde los años cincuenta, el IESS se convirtió en obligado prestamista para aliviar las dificultades fiscales.
No ha sido el actual Gobierno una excepción, pese a que es el que con mayores recursos ha contado por los altos precios del crudo.Más aun, cuando, meses atrás tomó la resolución de pagar más de $800 millones por la deuda del Estado al IESS, se esperaba que no hiciera lo mismo que anteriores gobiernos con los recursos de la institución. Pero ha borrado con el codo lo hecho con la mano con la emisión de bonos por $1 500 millones, cuyo obligado destinatario sería el IESS. A fines de diciembre, este compró $700 millones de esos bonos del Estado, en subastas efectuadas en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil.Días atrás realizó la segunda compra, por $539 millones.
La colocación de los bonos resuelve temporalmente al Gobierno los problemas de liquidez generados por la abrupta reducción del precio de petróleo; pero repetir la misma acción de gobiernos precedentes a pesar de haber pasado por un periodo excepcional de ingresos evidencia el mal manejo económico del actual Gobierno, por una política imprudente de expansión del gasto público.
¿Será la inversión más segura del dinero de los afiliados la compra de bonos del Estado, en un momento en el que se avizoran graves dificultades para equilibrar las finanzas públicas?Resulta paradójico, de otro lado, que, mientras el IESS acude en auxilio del Gobierno para tapar el hueco fiscal, no se alcance a ver que se resuelvan los clamorosos déficits en los servicios de salud y otras prestaciones que se halla obligado a brindar a los afiliados antes de disponer de sus recursos para resolver problemas fiscales que no debieron generarse si hubiese habido un manejo más responsable del gasto por parte del Gobierno

martes, 30 de diciembre de 2008

IESS alivió la situación de la caja fiscal

Con las justas. Así iba a terminar el año el Gobierno si es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no salía al rescate del régimen con la compra de bonos estatales.Desde septiembre pasado, el saldo de la caja fiscal cayó en 1.471,6 millones de dólares hasta ubicarse en, apenas, 512,5 millones en la primera quincena de diciembre, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).¿Cómo se explica esa caída en los recursos fiscales? Primero, por la paulatina caída de los ingresos petroleros; y segundo, “por el elevado nivel de gasto público y para sostenerlos el Gobierno tiene que echar mano de los recursos que le quedan”, dice el secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera.
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Valpacífico no compró papeles

No hubo compra de bonos estatales por parte de la Casa de Valores del Pacífico.Enrique Ramos, gerente general de Valpacífico, aseguró que la información de que la empresa que dirige compró papeles del Estado es totalmente errónea. En el portafolio de inversiones no existe ninguno de esos documentos, afirmó Ramos.Hace dos semanas se dio a conocer que el Banco del Pacífico, cabeza del grupo al que también pertenece la Casa de Valores del Pacífico, habría adquirido una parte de los bonos Global 2012.Estos papeles bajaron de precio en el mercado bursátil internacional, luego de que el Gobierno anunció el no pago de los intereses por esos papeles a los tenedores. Aquello generó nerviosismo en los inversionistas que habrían preferido desprenderse de esos papeles y sacrificarlos a un menor valor. Al reducir su valor, al régimen le convenía adquirirlos (para retirarlos del mercado) y así reducir la carga de su deuda. (WMA)
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(¿Sacar de un bolsillo para ponerlo en otro?)
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Nuevas alzas arancelarias en carpeta

El Gobierno no abandona su intención de disponer alzas de los aranceles a los productos importados con el objetivo de proteger la producción nacional y lograr un superávit en la balanza comercial global.
Las pretensiones del Gobierno, aseguran los expertos, es que los niveles arancelarios lleguen a los topes máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC), que en algunos casos superan el 50%.