Opinión de diario HOY
Dos investigaciones de BLANCO Y NEGRO han puesto en evidencia escandalosos casos de entrega de bonos y millonarias transferencias de fondos públicos en diversas entidades estatales.La Contraloría determinó un reparto irregular de $6 870 000 entre los empleados de la Procuraduría del Estado: en octubre de 2007 se entregaron $3 millones a la Asociación de Empleados para la supuesta compra de un centro de capacitación que, en realidad, fue una casa en las playas en Manabí y otra propiedad en Quito, inadecuadas para el objetivo de la compra. Además, el ex procurador Xavier Garaycoa autorizó la entrega del resto de fondos entre los empleados de la entidad ($10 mil a cada uno) "para capacitación y desarrollo espiritual".
Pero la entrega de bonos no es una práctica excepcional: Fiscalía, Contraloría, superintendencias, universidades públicas entregan beneficios similares. En 2007, por ejemplo, solo la Fiscalía destinó un total de $11 550 282,91 para sobresueldos y bonificaciones adicionales. Las bonificaciones y sobresueldos son una práctica enraizada en diversas entidades autónomas y descentralizadas. La modalidad crea abismales distorsiones en el sistema de remuneraciones del sector público y genera la burocracia dorada. Deben cortarse los insólitos excesos y abusos, como entregas millonarias para fiestas de fin de año o bonos hasta por cumpleaños de hijos de los funcionarios. Pero está pendiente la homologación salarial para corregir distorsiones y evitar la corrupción.
