Iván Sandoval Carrión
Quiero un país donde, si el presidente de la República demanda a un columnista y a su periódico, más bien exija: 1) Disculpas y rectificación públicas de las frases supuestamente injuriosas; 2) Quinientas horas de servicio comunitario para cada uno de los acusados, distribuidas entre la Fundación Un Techo para mi País, el Instituto de Neurociencias Lorenzo Ponce y el Hospital Baca Ortiz, u otras instituciones afines; 3) Una indemnización en dólares equivalente a la raíz cuadrada de menos uno, y 4) El pago de todos los costos procesales. Con ello, dicho presidente debería estimar que su honor –que es incuantificable– obtendría completa satisfacción. De esa manera, ese presidente plantearía una demanda genuinamente histórica y ejemplar, y además, podría creer que concede una alternativa edificante a los acusados y una enseñanza a los medios y a todos los ecuatorianos.
Artìculo completo en: http://www.eluniverso.com/2012/03/06/1/1363/hijos.html
martes, 6 de marzo de 2012
Dejando el infierno
Hernán Pérez Loose
Probablemente no ha habido en la historia judicial del Ecuador, y probablemente del mundo, una querella criminal como la que acaba de concluir con el dichoso “perdón sin olvido”. Todos los expertos académicos –belgas, españoles, argentinos y norteamericanos– que este diario consultó sobre la mencionada querella criminal quedaban estupefactos cuando leían el expediente judicial. No encontraban ningún precedente en la jurisprudencia que de lejos se le acercara. ¿Cómo era posible que haya habido jueces capaces de escribir lo que escribieron, y de haber conducido un proceso en la forma en que lo condujeron?
Creemos que aquello es clave en este caso. No en el hecho de que un político haya querido obtener ochenta de millones de dólares a través de una querella; ni en el hecho de apostar a la toma de un medio de comunicación por imposibilidad de pago; o de simplemente quebrarlo económicamente; ni menos en la pretensión de mandar a la cárcel a sus directivos y a un columnista. Desde los albores de la humanidad han existido cosas como estas.
Al fin y al cabo la lista de políticos que han querido silenciar este diario, intimidar su línea editorial, encarcelar a sus periodistas y hasta eliminar a sus columnistas –como sucedió en la última dictadura militar– es una lista larga. Esos intentos comenzaron al poco tiempo de su fundación, y continuaron por las décadas posteriores. Intentos todos ellos que fracasaron, como fracasó el más reciente. En una sociedad de escasa tradición y cultura democrática como la nuestra estas aberraciones parecen hasta naturales.
Pero lo que sí causa asombro y hasta escándalo –y es lo que los juristas extranjeros no llegaban a comprender– es que haya habido jueces que plasmaron en sentencias una demanda propia de una Banana Republic. ¿Cómo fue posible que haya habido jueces que escriban que el Ecuador no está vinculado ni por los instrumentos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos, ni por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo se pudo condenar civilmente a una sociedad comercial por un delito que no podía cometer, y a unas personas por un escrito que no escribieron, y a un columnista por una opinión sobre un hecho público controversial? Y así por el estilo.
La respuesta está en nuestros juzgados y cortes que, con pocas excepciones, tienen más parecido con un círculo del Infierno de Dante que con un espacio creado para que impere la justicia. ¿En qué parte del mundo que no sea el Ecuador, por ejemplo, se acepta como normal que una de las partes en horas de la noche le entregue al juez la sentencia ya redactada en un pendrive y este se limite a firmarla?
El caso pasa ahora a la justicia internacional para anular el precedente y obtener la reparación de los daños causados. Y que luego el Estado sancione y repita contra los responsables de la infracción internacional. Se terminaron así pues los días felices en que la barbaridad jurídica campeaba.
Publicaciòn de: http://www.eluniverso.com/2012/03/06/1/1363/dejando-infierno.html
Probablemente no ha habido en la historia judicial del Ecuador, y probablemente del mundo, una querella criminal como la que acaba de concluir con el dichoso “perdón sin olvido”. Todos los expertos académicos –belgas, españoles, argentinos y norteamericanos– que este diario consultó sobre la mencionada querella criminal quedaban estupefactos cuando leían el expediente judicial. No encontraban ningún precedente en la jurisprudencia que de lejos se le acercara. ¿Cómo era posible que haya habido jueces capaces de escribir lo que escribieron, y de haber conducido un proceso en la forma en que lo condujeron?
Creemos que aquello es clave en este caso. No en el hecho de que un político haya querido obtener ochenta de millones de dólares a través de una querella; ni en el hecho de apostar a la toma de un medio de comunicación por imposibilidad de pago; o de simplemente quebrarlo económicamente; ni menos en la pretensión de mandar a la cárcel a sus directivos y a un columnista. Desde los albores de la humanidad han existido cosas como estas.
Al fin y al cabo la lista de políticos que han querido silenciar este diario, intimidar su línea editorial, encarcelar a sus periodistas y hasta eliminar a sus columnistas –como sucedió en la última dictadura militar– es una lista larga. Esos intentos comenzaron al poco tiempo de su fundación, y continuaron por las décadas posteriores. Intentos todos ellos que fracasaron, como fracasó el más reciente. En una sociedad de escasa tradición y cultura democrática como la nuestra estas aberraciones parecen hasta naturales.
Pero lo que sí causa asombro y hasta escándalo –y es lo que los juristas extranjeros no llegaban a comprender– es que haya habido jueces que plasmaron en sentencias una demanda propia de una Banana Republic. ¿Cómo fue posible que haya habido jueces que escriban que el Ecuador no está vinculado ni por los instrumentos internacionales del sistema interamericano de derechos humanos, ni por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo se pudo condenar civilmente a una sociedad comercial por un delito que no podía cometer, y a unas personas por un escrito que no escribieron, y a un columnista por una opinión sobre un hecho público controversial? Y así por el estilo.
La respuesta está en nuestros juzgados y cortes que, con pocas excepciones, tienen más parecido con un círculo del Infierno de Dante que con un espacio creado para que impere la justicia. ¿En qué parte del mundo que no sea el Ecuador, por ejemplo, se acepta como normal que una de las partes en horas de la noche le entregue al juez la sentencia ya redactada en un pendrive y este se limite a firmarla?
El caso pasa ahora a la justicia internacional para anular el precedente y obtener la reparación de los daños causados. Y que luego el Estado sancione y repita contra los responsables de la infracción internacional. Se terminaron así pues los días felices en que la barbaridad jurídica campeaba.
Publicaciòn de: http://www.eluniverso.com/2012/03/06/1/1363/dejando-infierno.html
HRW: Políticas del gobierno de Ecuador atentan contra la libertad de expresión
PDF de entrevista de Fernando Alvarado en Andes
PDF de entrevista de Fernando Alvarado en El Ciudadano
El Secretario Nacional de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado Espinel, distorsionó de manera flagrante lo sucedido durante una reunión mantenida recientemente en Washington con Human Rights Watch, informa el organismo a través de uncomunicado.
La información publicada en el sitio web de Human Rights Watch hace relación a una entrevista concedida al periódico oficial El Ciudadano el 4 de marzo de 2012, y que fue replicada en la agenda de noticias Andes. Las noticias fueron eliminadas de dichos sitios web oficiales, aunque el buscador Google conservó en caché esa información.
"La entrevista insinúa que Human Rights Watch avala algunas políticas del gobierno que vulneran la libertad de expresión. Por el contrario, durante la reunión Human Rights Watch insistió en que Ecuador debe despenalizar la difamación y abstenerse de enjuiciar a quienes expresan opiniones críticas", expresa la comunicación de HRW.
“La descripción que ofrece Alvarado sobre el encuentro con Human Rights Watch distorsiona deliberadamente nuestra posición sobre la libertad de expresión en Ecuador”, afirmó Tom Malinowski, Director en Washington de Human Rights Watch, quien participó en la reunión. “Durante el encuentro, Human Rights Watch cuestionó en forma clara y reiterada las políticas y prácticas del gobierno contra sus críticos, las cuales vulneran estándares básicos sobre libertad de expresión”.
Entre otras cosas, Alvarado señaló que todas las organizaciones no gubernamentales con las cuales se reunió “dijeron entender claramente las razones del Presidente de la República para judicializar un reclamo tanto en el caso de El Universo como en el caso de El Gran Hermano”, en alusión a las medidas judiciales iniciadas por el gobierno contra críticos del presidente, incluidos varios directores y un periodista del periódico El Universo y los autores de un libro titulado “Gran Hermano”.
El 29 de febrero, Human Rights Watch se reunió en sus oficinas con una numerosa delegación del gobierno ecuatoriano encabezada por Alvarado. En el mensaje de correo electrónico donde se solicitó la reunión con Human Rights Watch, se indicó que el gobierno ecuatoriano deseaba “entender mejor las preocupaciones de las ONGs... sobre las acciones del Presidente (en materia de libertad de expresión)”.
Durante la reunión, Human Rights Watch señaló que la situación de la libertad de expresión en Ecuador es una de las peores de toda la región. Al aplicar normas penales sobre difamación y pedir que se obligue a sus críticos a pagar indemnizaciones y multas de varios millones de dólares, el gobierno del Presidente Rafael Correa ha vulnerado reiteradamente estándares internacionales de derechos humanos y valores fundamentales de una sociedad democrática, afirmó Human Rights Watch durante el encuentro en Washington.
En su comunicado, Human Rights Watch también cuestionó duramente los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por exportar sus políticas contra la libertad de expresión promoviendo una campaña internacional para desacreditar el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos.
Durante el encuentro, la delegación ecuatoriana reconoció que las normas penales sobre difamación —incluidas aquellas utilizadas contra críticos de Correa— resultan problemáticas y deberían ser derogadas. Pese a ello, defendieron la aplicación de estas leyes por el Presidente Correa contra sus críticos en los casos mencionados.
Desde hace tiempo, diversos organismos internacionales de derechos humanos han criticado el uso de acciones penales por difamación como represalia contra quienes denuncian a funcionarios públicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el honor de los funcionarios públicos o las personas públicas debe estar protegido jurídicamente, pero siempre “de manera acorde con los principios del pluralismo democrático”.
Fuente: http://www.eluniverso.com/2012/03/06/1/1355/hrw-politicas-gobierno-ecuador-atentan-contra-libertad-expresion.html
PDF de entrevista de Fernando Alvarado en El Ciudadano
El Secretario Nacional de Comunicación de Ecuador, Fernando Alvarado Espinel, distorsionó de manera flagrante lo sucedido durante una reunión mantenida recientemente en Washington con Human Rights Watch, informa el organismo a través de uncomunicado.
La información publicada en el sitio web de Human Rights Watch hace relación a una entrevista concedida al periódico oficial El Ciudadano el 4 de marzo de 2012, y que fue replicada en la agenda de noticias Andes. Las noticias fueron eliminadas de dichos sitios web oficiales, aunque el buscador Google conservó en caché esa información.
"La entrevista insinúa que Human Rights Watch avala algunas políticas del gobierno que vulneran la libertad de expresión. Por el contrario, durante la reunión Human Rights Watch insistió en que Ecuador debe despenalizar la difamación y abstenerse de enjuiciar a quienes expresan opiniones críticas", expresa la comunicación de HRW.
“La descripción que ofrece Alvarado sobre el encuentro con Human Rights Watch distorsiona deliberadamente nuestra posición sobre la libertad de expresión en Ecuador”, afirmó Tom Malinowski, Director en Washington de Human Rights Watch, quien participó en la reunión. “Durante el encuentro, Human Rights Watch cuestionó en forma clara y reiterada las políticas y prácticas del gobierno contra sus críticos, las cuales vulneran estándares básicos sobre libertad de expresión”.
Entre otras cosas, Alvarado señaló que todas las organizaciones no gubernamentales con las cuales se reunió “dijeron entender claramente las razones del Presidente de la República para judicializar un reclamo tanto en el caso de El Universo como en el caso de El Gran Hermano”, en alusión a las medidas judiciales iniciadas por el gobierno contra críticos del presidente, incluidos varios directores y un periodista del periódico El Universo y los autores de un libro titulado “Gran Hermano”.
El 29 de febrero, Human Rights Watch se reunió en sus oficinas con una numerosa delegación del gobierno ecuatoriano encabezada por Alvarado. En el mensaje de correo electrónico donde se solicitó la reunión con Human Rights Watch, se indicó que el gobierno ecuatoriano deseaba “entender mejor las preocupaciones de las ONGs... sobre las acciones del Presidente (en materia de libertad de expresión)”.
Durante la reunión, Human Rights Watch señaló que la situación de la libertad de expresión en Ecuador es una de las peores de toda la región. Al aplicar normas penales sobre difamación y pedir que se obligue a sus críticos a pagar indemnizaciones y multas de varios millones de dólares, el gobierno del Presidente Rafael Correa ha vulnerado reiteradamente estándares internacionales de derechos humanos y valores fundamentales de una sociedad democrática, afirmó Human Rights Watch durante el encuentro en Washington.
En su comunicado, Human Rights Watch también cuestionó duramente los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por exportar sus políticas contra la libertad de expresión promoviendo una campaña internacional para desacreditar el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos.
Durante el encuentro, la delegación ecuatoriana reconoció que las normas penales sobre difamación —incluidas aquellas utilizadas contra críticos de Correa— resultan problemáticas y deberían ser derogadas. Pese a ello, defendieron la aplicación de estas leyes por el Presidente Correa contra sus críticos en los casos mencionados.
Desde hace tiempo, diversos organismos internacionales de derechos humanos han criticado el uso de acciones penales por difamación como represalia contra quienes denuncian a funcionarios públicos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el honor de los funcionarios públicos o las personas públicas debe estar protegido jurídicamente, pero siempre “de manera acorde con los principios del pluralismo democrático”.
Fuente: http://www.eluniverso.com/2012/03/06/1/1355/hrw-politicas-gobierno-ecuador-atentan-contra-libertad-expresion.html
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